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Hotel Oliva Beach, y parte de los apartamentos, en Corralejo, en el municipio de La Oliva. Acfipress
El Parlamento respalda acudir al Constitucional para defender el Oliva Beach

El Parlamento respalda acudir al Constitucional para defender el Oliva Beach

Los grupos de la Cámara apoyan por unanimidad esta iniciativa presentada por el PP

B. Hernández

Las Palmas de Gran Canaria

Miércoles, 20 de marzo 2024, 14:34

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El Parlamento autonómico ha aprobado por unanimidad una propuesta del Grupo Popular para que Canarias presente un conflicto de competencias en el Tribunal Constitucional en defensa del Hotel Oliva Beach de Fuerteventura y sus casi 800 puestos de trabajo.

Esta iniciativa va en línea con la adoptada por el Gobierno de Fernando Clavijo, que decidió a decidió a principios de marzo presentar un recurso de inconstitucionalidad por lo que considera una invasión de competencias del Estado en la gestión de Costas, después de que el Ministerio para la Transición Ecológica declarara la caducidad de la concesión otorgada para la ocupación y aprovechamiento del dominio público del citado hotel de la empresa Riu en las Dunas de Corralejo.

Los populares aceptaron una enmienda del Grupo Socialista en la que se pedía que antes de acudir a la Justicia se espere a la reunión de la comisión bilateral, foro que lleva meses pendiente de fecha y que debe convocar el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres.

En defensa de la proposición no de ley (PNL) , el diputado del PP Fernando Enseñat indicó que ante el «ninguneo» del Estado a la comunidad autónoma y la resolución de Transición Ecológica de caducidad de la concesión administrativa del establecimiento hotelero, «es hora de presentar un conflicto de competencias ante el Constitucional y mostrar el apoyo a los trabajadores, que llevan seis años luchando y a los que será difícil recolocar si pierden sus empleos«.

Tanto este hotel, como el Tres Islas, dijo, son un motor económico para el municipio de La Oliva y la isla de Fuerteventura, pero además cuentan con el apoyo de la sociedad majorera y sus instituciones.

A su juicio, «no es el momento de ponernos a valorar la legalidad de los hoteles, si cumplen o no con la norma o si deben ser sancionados«, pero sí aseguró que la interpretación de la ley que hace el Ministerio de Teresa Ribera es »sesgada«. Puntualizó que la ley es la misma, pero deben ser los técnicos de Canarias los que han de resolver cuando llegue el momento, porque desde el 1 de enero de 2023, fecha de la transferencia de esta materia por parte del Estado, »el Ministerio no es competente y así lo dice el Estatuto de Autonomía«.

Agregó que la «dejadez» del Gobierno anterior «no puede tapar esta realidad«. Abundó al respecto indicando que detrás del »acoso« a los hoteles y núcleos costeros »está el quebranto y falta de respeto al autogobierno y Estatuto«, circunstancia ante la que el Parlamento »no puede guardar silencio«.

El diputado socialista Rafael Nogales respondió a Enseñat que el Ministerio de Transición Ecológica «no persigue, amenaza ni acosa ni a los trabajadores» y recordó que la empresa está acogida a una condición «especial, no ordinaria» que le permite continuar con la explotación hotelera.

Por parte del Grupo Mixto, Raúl Acosta (AHI) defendió el derecho a defender no solo lo que recoge el Estatuto sobre la gestión de Costas, sino a los trabajadores y sus familias. Recordó que ya el Gobierno de Canarias decidió iniciar la tramitación de este conflicto ante el Constitucional.

La diputada de ASG, Melodie Mendoza, puntualizó que su grupo siempre prefiere el diálogo a la hora de buscar soluciones, pero en el asunto que concierne al Oliva Beach «no se puede perder más tiempo», por lo que respaldó la presentación de este conflicto de competencias y afirmó que «no le correspondía al Ministerio tramitar la caducidad de la concesión». En cuanto a la premura de la medida, obedece a que los efectos jurídicos de la caducidad «están activos y no se puede dejar en indefensión a los trabajadores».

Sin la más mínima esperanza en la negociación política y segura de que se llegará al Constitucional se mostró la parlamentaria de Vox Paula Jover.

Desde Nueva Canarias, su representante Natalia Santana mostró su apoyo a la PNL como «firmes defensores» del Estatuto de Autonomía «y de políticas para Canarias, no con trajes hechos a medida para otros territorios». Manifestó igualmente su apoyo a las familias que «sufren una agonía porque llevan demasiado tiempo viendo peligrar sus empleos«. Para Santana, la decisión del Ministerio de Transición Ecológica supone un «abuso y un atropello». Confía en que este asunto se pueda resolver «de una vez» y pidió al Gobierno que agote todas las vías, y la primera debe ser la comisión bilateral, pero entiende que se debe estar preparado para el escenario más desfavorable, como es la demolición del edificio. Si este extremo se produce, se debe reubicar a los trabajadores «porque ellos son la prioridad, no el edificio». Para ello, propuso una mesa de coordinación con la empresa y los representantes de los trabajadores.

Jana González, de Coalición Canaria, recordó que la caducidad de la concesión fue decretada por el Ministerio «por sorpresa» sin comunicación a las instituciones canarias «y a miles de kilómetros». Puntualizó que desde el pasado 4 de marzo ya se adoptó el acuerdo de acudir al Constitucional porque «la actuación del Ministerio es una injerencia de competencias». El Gobierno, apostilló, «no vacila en defender» a las islas y a Ángel Víctor Torres «no le queda otra» que convocar la comisión bilateral, a la que no tuvo voluntad de poner fecha hasta que saliera el conflicto. Se preguntó, en relación al ministro de Política Territorial, «cómo se puede cambiar tanto según el sillón que se ocupe».

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