Protesta de los interinos de la comunidad autónoma a las puertas de Presidencia del Gobierno. / JUAN CARLOS ALONSO

El Parlamento europeo admite una queja contra el abuso de temporalidad

El Gobierno español reconoce que la interinidad en el empleo público puede afectar a más de 900.000 trabajadores

CANARIAS7 LAS PALMAS DE GRAN CANARIA.

La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo ha admitido una petición interpuesta por el despacho español Navas&Cusí, en representación de la Asociación EPA (empleados públicos abusados), contra la Ley española 20/2021 que regula el abuso de contratos sucesivos en el empleo público, «por restringir los derechos de los empleados públicos temporales, dejándoles en completa indefensión y desprotegidos al no tener derecho ni a indemnización por cese, ni a la compensación por no superar el proceso selectivo, lo cual supone un incumplimiento de la Directiva europea de 1999».

Según datos oficiales, el número de trabajadores interinos y de personal laboral al servicio de la Administración Pública española asciende a un total aproximado de 900.000 trabajadores, de conformidad con las tres últimas Encuestas de Población Activa (EPA). Ello representa aproximadamente un 44% frente al 56% que conforma el personal funcionario.

Según los letrados de los interinos, la citada ley de 2021, aprobada el 28 de diciembre, «no contiene medidas adecuadas para prevenir el abuso de temporalidad». Por eso, Navas&Cusí Abogados decidió ampliar la queja inicial que sigue abierta ante la Comisión Europea y ha presentado hace dos meses a la Comisión un análisis jurídico exhaustivo e información adicional necesaria para poder demostrar en qué consiste concretamente la infracción de la normativa europea por la nueva ley.

La Ley 20/2021 «infringe la Directiva Europea porque no controla la temporalidad en el empleo público y es contraria al principio de igualdad de los trabajadores», indican los letrados. Para los abogados, «el Reino de España lleva veintiún años evitando que se cumpla esta directiva europea que, entre otras cosas, pretende prohibir y prevenir los abusos producidos por la utilización de forma sucesiva de contratos temporales o de duración determinada».

Pese a que la Directiva «es muy clara» en cuanto a la obligación de evitar el abuso en la temporalidad, el sector público no ha aplicado este deber, lo que ha dado lugar a una situación de temporalidad laboral insostenible en la que la única solución posible, y que es conforme a la normativa europea, es transformar a estos empleados temporales, «víctimas de un abuso laboral, en empleados públicos de carácter indefinido».

Concepción Rodríguez Fariña, presidenta de la asociación de Empleados públicos Abusados (EPA) afirma que «se nos ha obligado a tener que recurrir al Parlamento Europeo y al Defensor del pueblo europeo, tras haber recorrido las instancias en España donde, lejos de defendernos, nos han insultado, atacado, vejado con acusaciones en sentencias demoledoras, donde el trabajador abusado se convierte en culpable de su situación y se le amenaza con unas costas inasumibles e inexplicables, para privarle de su derecho a defenderse».

El bufete Navas&Cusí bufete, fundado hace 35 años, está especializado en derecho comunitario y en derecho bancario y financiero. La firma posee despachos en Madrid, Barcelona, Valencia y Bruselas (Bélgica), Miami (Estados Unidos) y Shanghai (China).