La oposición pide explicaciones por los «abusos» en Porto Bello

El Parlamento de Canarias pone hoy sobre la mesa de diálogo las medidas adoptadas por el Ejecutivo tras darse a conocer la denuncia de supuestos abusos y agresiones a menores extranjeros no acompañados en el complejo Porto Bello. Ángel Víctor Torres deberá responder a la petición del Partido Popular que, según su presidenta, Australia Navarro, exigirá responsabilidades y explicaciones sobre por qué no se dio una respuesta más contundente a la situación desde el minuto uno. «No hay que perder una cosa de vista, y es que se esta hablando de menores que están bajo la tutela del Gobierno de Canarias, por lo que el presidente es quien tiene la última responsabilidad y, por tanto, esperamos que sea tajante y que nos aclare muchas dudas», indicó Navarro.

Entre esas cuestiones, adelanta, abordarán las grietas abiertas entre la Consejería de Derechos Sociales y la Fiscalía de Las Palmas, que se han acusado mutuamente de retrasos en la notificación y verificación de los hechos, así como en la respuesta para separar a los supuestos implicados. A esas críticas se han sumado desde las filas de Ciudadanos, que ven el incidente como «la gota que ha colmado el vaso» en la gestión del Gobierno. «Es lamentable que la consejera salga en los medios arremetiendo contra la Fiscalía y atribuyéndole funciones que ni siquiera tiene, porque la responsabilidad de hacer las pruebas óseas la tiene en todo caso el Instituto de Medicina Legal que, por cierto, se ha quejado de la falta de recursos», apuntó su portavoz Vidina Espino. Unos medios que, asegura, deben suministrar la consejería y el ministerio de Justicia, «dos órganos que dependen de sus socios del partido socialista». Espino no comparte, así, la postura de Noemí Santana y considera que debería pedir perdón y rectificar, facilitando la colaboración.

También ha pedido explicaciones Coalición Canaria, que ha elevado una solicitud por escrito de la documentación que acredite en qué fecha se tuvo constancia de la denuncia y qué acciones se emprendieron a partir de ese momento exacto. La diputada Cristina Valido insistió en que la máxima preocupación en estos momentos no es el futuro de la consejera sino la atención a los menores y, una vez obtengan la información requerida, se podrían plantear exigencias. «Lo que está quedando en evidencia es que el retraso de las pruebas óseas genera muchos problemas de convivencia y de desprotección —añade—. Si la misma tarde en la que se hace publica la denuncia se trasladan a 50 personas sobre la marcha, no entendemos por qué todas esas personas que presumiblemente eran mayores no fueron separadas antes». Según Valido, el Gobierno de Canarias debe hacer un esfuerzo no solo por alojar al gran volumen de menores que actualmente hay en las islas (unos 2.500 según el último dato) sino por separar a los más pequeños, en vista de los retrasos.

Esta ha sido una de las prioridades durante el último año del área de Derechos Sociales, desde donde han expresado su preocupación ante la presencia de hasta 250 personas dentro de los recursos que ya disponen del resultado de las pruebas pero continúan pendientes del decreto de la Fiscalía que determine su edad. Ya la semana pasada señalaron que el 68% de los menores tutelados seguían pendientes de este documento, reiterando la necesidad de medios más efectivos para agilizar el trámite y evitar la convivencia con adultos en los centros. Con todo, la oposición coincide en dejar a un lado el «cruce de reproches» en favor de una «necesaria colaboración» para dar prioridad a la investigación de los supuestos abusos.