La nueva norma eleva la tensión entre los propietarios canarios

La nueva regulación no ha sido bien recibida por los propietarios canarios, que entienden como un «castigo» y un «abuso» las limitaciones planteadas por el Gobierno estatal. Si bien el debate se enmarca en un contexto de relativa estabilidad en los precios, reconocen que Canarias tiene unos costes elevados, sobre todo en lo relativo al alquiler y el salario medio por hogar.

Sin embargo, preocupa que las medidas pongan el foco en los grandes tenedores. «Lo solución pasa por incrementar la oferta de vivienda pública, no en poner límites a la propiedad privada porque se les está dejando en una situación de absoluta indefensión jurídica», explica Aythami Rivero, secretario general de la Asociación Canaria de Empresarios de Gestión Inmobiliaria (Acegi). «La premisa ya es un disparate, pero es que además no supone un gran ahorro y mientras la ampliación del parque sigue parada».

Para el representante de Acegi, los dueños de varios inmuebles tienen derecho a disponer de sus propiedades como mejor les convenga. Apunta que en Canarias se dan casos en los que se han heredado casas y al no poder rentabilizarlas las mantienen cerradas u otros en los que el propietario ha construido un gran patrimonio a lo largo de su vida y resulta «injusto» privarle de la recompensa a ese esfuerzo. Una alternativa más alentadora para sacar al mercado esas viviendas, señala, es ofrecer bonificaciones para que a los grandes tenedores -e incluso a propietarios más modestos- les salga más rentable poner sus casas en alquiler. «En lugar de recargar el IBI, que rebajen el impuesto. Así, ampliarían la oferta, pero insisto en que no radica ahí la solución al problema», añade Rivero. «Están quitándole al que más tiene para darle al que no poniendo límites a un derecho fundamental en democracia».

En cambio, apuesta por la renovación del mercado inmobiliario no solo a través de obras nuevas sino también a través de la adquisición y renovación de edificios vacíos o sin terminar, incluyendo -apunta- espacios verdes que den equilibrio y supongan un valor añadido a los ayuntamientos isleños. «Canarias es un mercado muy dinámico por sus condiciones climáticas, su geografía y su ambiente. Por eso mucha gente quiere vivir aquí y la compraventa de vivienda y la demanda de alquileres se mantiene alta».

Facua mantienen una posición algo más ambivalente. Por un lado, considera el recargo del IBI y el límite de precios como elementos positivos pero, por otro, asegura que el acuerdo alcanzado entre los socios del Gobierno «deja mucho que desear». Su secretario general, Rubén Sánchez, criticó en un comunicado que el Gobierno de Sánchez, no contemplase intervenir los alquileres de particulares que compran viviendas para especular. Una reivindicación que pusieron de manifiesto decenas de organizaciones civiles.

«Los incentivos fiscales para quienes apliquen bajadas tampoco son la medida que reclamábamos desde organizaciones como Facua», señala Rubén Sánchez. Tampoco lo era el bono mensual para los jóvenes, ya que alertan que ese dinero también puede derivar en el bolsillo de los especuladores, que «lo tendrán ahora más fácil para seguir alquilando a precios inflados». Precisamente los menores de 35 años son los más afectados por la situación del mercado inmobiliario. Encontrar una vivienda asequible para el canario medio -pocas bajan de los 430 euros- supone una tarea casi imposible, lo que les obliga a pagar más de lo que pueden permitirse.

Sin ingresos, la adquisición de vivienda propia queda descartada y se retrasa cada vez más la edad de emancipación. De ahí que hayan encabezado la cultura del alquiler y que el Gobierno haya contemplado en el anteproyecto aprobado ayudas mensuales de 250 euros complementarias a otras subvenciones.

El éxito de la ley, concluye la organización, «dependerá ahora del interés que tengan los partidos por garantizar el derecho constitucional a una vivienda».

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