Nada de privilegios a País Vasco y Navarra

22/05/2020

El presidente canario, Ángel Víctor Torres, ya ha pedido aclaraciones al Gobierno central sobre el alcance del acuerdo entre PSOE y Podemos con EH-Bildu para incrementar la capacidad de endeudamiento de estas comunidades

El presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, «ha hecho ya gestiones» para conocer «el alcance» del acuerdo alcanzado el pasado miércoles por el PSOE, Podemos y Bildu según el cual, País Vasco y Navarra podrían aumentar su capacidad de endeudamiento, una demanda que el archipiélago mantiene desde hace meses ante Madrid.

El portavoz del Ejecutivo canario y consejero de Administraciones Públicas y Sanidad, Julio Pérez, indicó ayer en rueda de prensa que el Gobierno recibió «con sorpresa» esta noticia. El compromiso adquirido por los grupos del Gobierno con EH-Bildu para obtener su apoyo parlamentario en la votación de la quinta prórroga del estado de alarma incluye, además de la derogación de la reforma laboral, un segundo aspecto que pasa por revisar la regla de gasto de las administraciones locales y regionales y ampliar la capacidad de endeudamiento de las comunidades de Navarra y País Vasco.

Julio Pérez rechazó esta posibilidad indicando que «no es imaginable» una fórmula de financiación y endeudamiento distinto para unas administraciones y para otras». Agregó el consejero que desde el Gobierno de Canarias «queremos pensar que la ventana que se abre para la mejora de la financiación a través del endeudamiento es posible para todos».

En cuanto a los plazos que maneja el Ejecutivo para que el Estado autorice el uso del superávit, recordó que depende del acuerdo que se adopte en la Unión Europea «que decidirá y definirá» el sistema de financiación de la reconstrucción. Luego, añadió, irán «bajándose peldaños» y a partir de ahí podrá actuar el Gobierno de España «y sabremos lo que pueden hacer los gobiernos autonómicos». A su juicio «será posible utilizar» el superávit, aunque no es posible precisar cuándo. «No tiene sentido que ningún país que tenga que recurrir a la financiación externa, y todos tendrán que hacerlo», añadió, «haga planes por su cuenta hasta que no sepa con qué dinero puede contar» proveniente de Bruselas.

Por otro lado, el portavoz indicó, en la rueda de prensa para informar de los asuntos abordados en el Consejo de Gobierno, que la comunidad autónoma sigue manteniendo que la población y el número de pruebas PC realizadas a la población son «criterios objetivos» que deben primar para la distribución del fondo no reembolsable de 16.000 millones que el Estado ha dispuesto para la recuperación de esta crisis sanitaria y económica. «Ese fondo financiará a las comunidades en función del impacto que la enfermedad haya producido» y en el caso de Canarias esa medida es «objetiva», afirmó.

En este sentido, aseguró el consejero que el Gobierno regional está manteniendo una posición «exigente» en las conversaciones que la respecto se están manteniendo con el Ministerio de Hacienda y espera que su reclamación finalmente será satisfecha y los baremos que plantea como prioritarios en el reparto de esos recursos adicionales dispuestos para las comunidades autónomas sean tenidos en cuenta.

También se refirió el portavoz, Julio Pérez, a la exigencia del Gobierno de Canarias para que se amplíen los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) pero, al contrario de lo que ha mantenido hasta ahora el Ejecutivo, se mostró partidario de no establecer como plazo hasta final de año sino hasta «cuando sea necesario». Al respecto, manifestó que «no veo motivo para que estén sin trabajar hasta el 31 de diciembre», sobre todo en el turismo porque «ya que a mediados de año puede empezar la recuperación del sector».

En su opinión, es necesario trabajar teniendo en cuenta el escenario económico que está dejando la crisis sanitaria pero rechazó situarse en la «catástrofe» porque «a lo mejor dentro de dos meses se puede empezar a recuperar el turismo». Recordó que algunos países empezarán a levantar las restricciones para los desplazamientos fuera de sus fronteras el próximo 15 de junio. «Lo que hagan estos gobiernos europeos será casi más importante que lo que hagamos nosotros».

En el archipiélago hay unos 200.000 trabajadores afectados por un ERTE, la mayoría en el sector del turismo.