Morales afirma que lo de Agüimes «ocurre todos los días en la administración»

13/09/2018

El presidente del Cabildo de Gran Canaria y exalcalde de Agüimes, Antonio Morales (NC), ha asegurado que situaciones como la que se ha producido en la residencia de ese municipio "ocurren todos los días en la administración", cuando los jueces dirimen diferencias de criterio.

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Preguntado por la sentencia que obliga al Ayuntamiento del que fue alcalde a devolver casi 30.000 euros a una usuaria de la residencia a la que se le cobraron los servicios prestados pese a estar cubiertos en su caso al 100 % por subvenciones de dependencia, Morales ha dicho que los técnicos del Consistorio "se basaron en criterios jurídicos amparados en el Estado de Derecho".

En declaraciones ofrecidas antes de la inauguración del foro europeo sobre energías renovables celebrado en Infecar, el presidente del Cabildo ha alegado que "hubo una diferencia entre la administración y los administrados", algo que resulta "común"; que "un árbitro, en este caso un juez, ha establecido la parte que tiene la razón"; y que "no pasa absolutamente nada" por ello, porque el Ayuntamiento "repondrá a estas personas como le corresponde".

Del mismo modo, ha detallado que "se acatará lo que el juez ha decidido" y que el Ayuntamiento "ha actuado de acuerdo a los informes de los técnicos municipales" que entendían que "un contrato existente entre administración y administrado no podía ser sustituido, en este caso, por una declaración de dependencia".

"En una residencia, si la mitad están declarados dependientes y la otra mitad no, y los primeros no pagan esa residencia, ¿quién asume el coste?", se ha preguntado, antes de añadir que "no se permite que sea el Ayuntamiento, porque los servicios de intervención no aceptan que un servicio sea deficitario".

Y, desde su punto de vista, el coste "tampoco lo deben asumir el resto de los usuarios, porque sería un procedimiento injusto para los que no están declarados como dependientes".

Según ha expuesto el exalcalde de Agüimes, "esto fue lo que entendieron los servicios jurídicos y por eso se tomó esa decisión".

Sin embargo, ha continuado, ahora "un juez dice que las causas económicas no estaban suficientemente justificadas para tomar esa decisión" y, por ello, "la decisión se acata".

Morales ha defendido que "la filosofía del Ayuntamiento y los criterios técnicos y jurídicos estaban amparados por el Estado de Derecho" y ha recalcado que "no se tomó esa decisión de manera gratuita por un cargo público, sino con aval de los servicios técnicos".

Así mismo, ha apuntado que "este tipo de cosas" le hacen cuestionar "sobre algunas prácticas políticas" ya que "estas incidencias son algo normal y hay quien quiere sacar crédito".

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