Estado de uno de los nuevos tramos de la carretera de La Aldea, obra financiada con el convenio estatal. / ARCADIO SUÁREZ

Montero mantiene bloqueados los 407 millonesde deuda pactados para la adenda de carreteras

La reunión de Franquis con la ministra de Transportes para abordar la ampliación del convenio se vuelve a aplazar sin fecha

Loreto Gutiérrez
LORETO GUTIÉRREZ Madrid

La resistencia del Ministerio de Hacienda a autorizar el pago de los 407 millones de euros que el Estado debe a Canarias mantiene en el aire la ampliación del convenio de carreteras, cuya adenda sigue pendiente de firma. La anunciada reunión entre el consejero de Obras Públicas del Gobierno canario, Sebastián Franquis, y la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, que tendría que haberse celebrado en septiembre, ha vuelto a quedar aplazada sin fecha.

El retraso se acumula desde que en marzo se cerró un acuerdo político con el anterior ministro, José Luis Ábalos, por el que el Gobierno se comprometió a la incorporación de una adenda para sumar 407 millones al presupuesto plurianual del convenio de carreteras de 2018 y ampliar dos años su vigencia. Inicialmente la firma se fijó para el mes de abril y llegó a anunciarse la visita de Ábalos a las islas para rubricar la ampliación, pero desde entonces se ha ido posponiendo sin mayor explicación por parte del Ministerio de Transportes, que se limita a señalar que la autorización depende de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

LARGA ESPERA

  • Contactos Franquis ha enviado dos cartas a la ministra de Transportes para recordarle que la adenda sigue pendiente.

  • Retraso El consejero de Obras Públicas adelantó una reunión con el Ministerio en septiembre, que no llegó a plasmarse.

  • Freno El relevo en el Ministerio en julio y la actual crisis del volcán han ralentizado el acuerdo, según el Gobierno canario.

  • Obstáculo Para que se firme es indispensable la autorización de Hacienda, que pone reparos a liberar los 407 millones.

Los 407 millones pendientes de incorporar al convenio de carreteras para su ejecución en las anualidades de 2026 y 2027 son parte de la deuda estatal avalada por sentencia del Tribunal Supremo por los recortes presupuestarios del anterior Gobierno de Rajoy, que asciende en total a casi 1.000 millones. De esa cantidad se acordó en su día destinar 445 millones a carreteras, de los que 38 ya fueron ingresados por el Estado en las arcas canarias en el ejercicio de 2019 en concepto de pago por las obras del anterior convenio ejecutadas cuando este estaba vencido, por lo que la adenda pendiente deberá sumar los 407 millones restantes.

La ampliación del convenio de carreteras es un objetivo que el Gobierno de Canarias persigue desde hace dos años, sin que hasta ahora se haya podido plasmar pese a la sintonía política y a las prolongadas negociaciones. De hecho, el compromiso inicial del entonces Ministerio de Fomento se anunció en septiembre de 2019, pero la repetición de las elecciones primero, la falta de presupuestos estatales después y la pandemia del coronavirus han ido retrasando su concreción. Las negociaciones se retomaron tras la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2021 hasta alcanzar un acuerdo en marzo, pero las reticencias de Hacienda a abonar la deuda pendiente impiden de momento poner fecha a la firma.

Presupuestos.

Además de los 407 millones que deben sumar al convenio vigente mediante la adenda, el Estado adeuda a Canarias otros 500 millones de carreteras que está previsto que se abonen a través de los Presupuestos Generales del Estado en varios ejercicios -las cuentas de 2021 ya recogen una partida de 100 millones a través de una disposición adicional por este concepto-, aunque no existe un acuerdo cerrado. En este sentido, el vicepresidente y consejero de Hacienda del Gobierno de Canarias, Román Rodríguez, ha adelantado que dará la batalla para que los Presupuestos de 2022 que Montero se ha comprometido a llevar al Congreso en las próximas semanas contemplen una partida de 200 millones para carreteras, además de la anualidad correspondiente, para seguir dando cumplimiento a la sentencia del Supremo. Rodríguez reconoce que no existe un compromiso escrito que garantice el abono de las cantidades pendientes y por tanto la plasmación de los 200 millones en las cuentas estatales dependerá de la negociación que NC -formación de la que es presidente- lleve a cabo en el Congreso.

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