Rosa Dávila entre José Miguel Barragán (i) y Román Rodríguez (d) en foto de archivo. / arcadio suárez

Montero dice que corregirá la asfixia económica de los ayuntamientos

CC consigue aprobar en el Parlamento canario una propuesta para que el SEPE no se considere segundo pagador, una medida por la que ha abogado también el PP

EFE / B. HERNÁNDEZ Madrid /Las Palmas de Gran Canaria

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, aseguró ayer que el Gobierno «está corrigiendo» la «asfixia financiera» a la que el PP sometió a los ayuntamientos y les está dado «voz y voto en las conferencias sectoriales», cosa que, a su juicio, nunca hicieron los populares.

Montero, que respondió en el pleno del Congreso a una pregunta del diputado del PP Antonio González Terol sobre la «asfixia financiera» a las entidades locales, recordó que fueron los populares quienes votaron que no a los 5.000 millones para los ayuntamientos, repartidos en dos ejercicios. «Ahora no saben cómo explicarlo», dijo.

LA VOTACIÓN

  • Un voto Por un solo voto de diferencia (33 sí y 32 no) salió adelante la proposición no de ley presentada por Coalición Canaria para que el SEPE no sea considerado un segundo pagador.

  • Ausencias La Presidencia del Parlamento concedió 45 minutos de descanso y, tras este tiempo, algunos diputados no se incorporaron a la sesión de la tarde.

  • Sentido común La diputada nacionalista Rosa Dávila señaló que el pacto había perdido «contra el sentido común».

La titular de Hacienda recordó que en los últimos presupuestos se han incrementado los recursos a los ayuntamientos en más de 1.800 millones de euros y se están financiando un fondo de ayuda al transporte público, muy afectado en la pandemia. Por eso, instó al PP a no dar lecciones de municipalismo e insistió en que los ayuntamientos «no tuvieron esos 5.000 millones porque ustedes lo impidieron».

Mientras, el diputado del PP reprochó al Gobierno que no se haya reunido con los ayuntamientos pese haberles prometido que serían «fundamentales y decisivos» en el proceso de desescalada y que se reunirían con ellos cada quince días. González Terol afirmó que las reuniones del Gobierno con los ayuntamientos se han reducido a «cero». «El mismo número de veces que Pedro Sánchez ha visitado las residencias de ancianos o ha ido al hospital Isabel Zendal, construido por el PP, ninguna», agregó.

González Terol también ha reprochó a la ministra que no haya cumplido su promesa de dotar a los ayuntamientos con un fondo de 3.000 millones para la reconstrucción local o de los 400 millones de euros para ayudar al transporte municipal.

Ante estas acusaciones, la titular de Hacienda acusó al PP de poner a los ayuntamientos unos «objetivos imposibles» a fin de generar un superávit «que no les permitieron gastar» y «ha tenido que ser este Gobierno el que suspendiera las reglas fiscales».

Segundo pagador

Por otro lado, Coalición Canaria impulsó ayer la aprobación de una proposición no de ley (PNL) en el Parlamento de Canarias en la que propone articular los mecanismos legales necesarios que permitan que no se considere al SEPE como un segundo pagador a la hora de realizar la declaración de la renta, de tal manera que las familias que han perdido su empleo o se encuentran en situación de ERTE, no tengan que pagar a Hacienda.

La iniciativa salió adelante de manera sorpresiva y con el voto en contra de los grupos que apoyan al Gobierno «que han perdido contra el sentido común», indicó la diputada que defendió la PNL, Rosa Dávila. La parlamentaria nacionalista indicó que el Ejecutivo canario «se ha quedado solo defendiendo lo indefendible por no plantarle cara al Estado» y exigir que todas las familias que han visto mermar sus ingresos por pérdida de empleo o ERTE se vean obligados a pagar a Hacienda. Dávila apeló a la «empatía» de la Cámara con las personas que lo están pasando mal «pero en el voto en contra se han retratado», afirmó. Además, en su intervención echó en cara a Podemos su incoherencia porque en el Senado, ante la misma iniciativa, se abstuvieron. Anunció al respecto que ahora CC va a exigir el cumplimiento de la PNL, para dar solución a una situación que han venido defendiendo desde el año pasado, tal como han hecho también los representantes del Grupo Popular.