Salvamento Marítimo rescató ayer a 84 personas a bordo de dos pateras, entre las que se encontraban al menos nueve menores de edad. / EFE

Mogán amenaza con llevar a Fiscalía el caso de los menores en los hoteles

La Dirección General asegura que es «una prioridad» y que se irán vaciando conforme se vayan liberando plazas en los centros

GAUMET FLORIDO | INGRID ORTIZ VIERA Las Palmas de Gran Canaria

La alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, se quejó ayer en el pleno del Ayuntamiento de que cada vez está más cerca el esperado regreso de los turistas a la isla y al municipio y, sin embargo, aún quedan complejos turísticos en Mogán que están sirviendo de centros de acogida para inmigrantes menores de edad. Según afirmó, hace unos días se reunió con la viceconsejera de Derechos Sociales del Gobierno canario y se comprometió a desalojarlos durante la primera semana de junio. Una fecha que desmienten fuentes de la Dirección General de Protección a la Infancia del Gobierno de Canarias, asegurando que no se pueden hacer previsiones exactas y que se irán liberando a medida que se consigan plazas o se abran otros recursos más apropiados. Lo cierto es que Bueno advirtió de que si ese plazo no se cumple, llevará ante la Fiscalía de Menores el hecho de que uno de los complejos, el de Puerto Bello, «está destrozado y no reúne condiciones ni siquiera para albergar a adultos».

Aunque aseguran que desde la consejería nunca se habla de plazos, insisten en que el desalojo de estos complejos es una «prioridad». Prueba de ello ha sido el Hotel Tamanaco, ya vacío, y la descongestión de otra instalación que comenzó también ayer.

Actualmente, Canarias tutela a más de 2.700 menores no acompañados en la comunidad autónoma, de los que en torno a 527 están acogidos por los cabildos mediante convenios. Otros 500 se hallan en tres complejos hoteleros del sur de Gran Canaria. Según las cifras del Consistorio, Mogán alberga 276 menores extranjeros no acompañados distribuidos entre los 106 que residen en el hotel Carlota y los 170 de Puerto Bello. Precisamente, la alcaldesa señaló este último como el más conflictivo, ya que asegura que los menas han causado importantes destrozos materiales y que la instalación se ha visto muy deteriorada.

A esta situación se añade la urgencia de controlar la situación de cara a la llegada de turistas en la temporada de verano, con lo que se espera reactivar el sector. La alcaldesa incidió en esta inquietud. «Nos podemos ver con problemas de altercados en uno de estos complejos, y al lado otro con turistas alojados», verbalizó. «Los menas tienen que salir de Puerto Rico ya para así poder recuperar el turismo que teníamos antes de la pandemia», destacó Bueno, que emplazó al edil del PSOE, Artemi Artiles, a que le ayudase en sus gestiones con el Gobierno de Canarias.

Ya en enero el Ayuntamiento sureño aludía a la Ley Suelo para indicar un uso de los hoteles distinto al propósito con el que fueron habilitados para impedir la medida, con temores de que se tratara de algo estructural. Un argumento que la Consejería de Derechos Sociales rebatió insistiendo en que se trataba de una situación temporal y que los contratos firmados con los empresarios para acoger menores no superan el año. De hecho, la iniciativa, aprobada por el Consejo de Gobierno el pasado día 23 de diciembre y publicado en el Boletín Oficial de la comunidad autónoma (BOC) el 28, recoge que «en caso de excepcional llegadas» de menores no acompañados, se podrán habilitar todos los recursos para alojar dignamente a estos jóvenes, desde albergues, apartamentos u hoteles.

Cinco meses más tarde, Onalia Bueno asegura que la medida «no es sostenible» ni para los menores acogidos ni para las empresas, y amenaza con acudir a los tribunales si el Gobierno continúa «negándose» a acatar su compromiso con el municipio.