La mitad ayuntamientos de las islas todavía no ha adaptado su planeamiento a las Directrices

El resultado es que de los 88 municipios canarios, practicamente la mitad -42 corporaciones locales- no ha adaptado su planeamiento a las Directrices de Ordenación y en torno a una tercera parte no lo ha hecho ni a esta norma ni al texto refundido de las leyes de ordenación y de los espacios naturales. En total, son 25 ayuntamientos los que siguen pendientes de llevar a cabo este doble trámite.

Las islas que peor lo llevan son El Hierro -ninguno de sus tres municipios adaptó el planeamiento a las Directrices- y Fuerteventura, ya que de sus seis municipios, cuatro -incluido Pájara, que tiene su plan anulado en su totalidad por sentencia firme y mantienen en vigor la provisional de 1989- no están adaptados a ninguna de estas normas. Por el contrario, Puerto del Rosario y Betancuria lo tienen adaptado plenamente a ambas leyes.

En este caso, con la adaptación plena de sus planeamientos tanto a las Directrices como al texto refundido se encuentran 35 ayuntamientos del Archipiélago, el 39%. Por provincias, el porcentaje es similar. Mientras en Santa Cruz de Tenerife 21 de sus 54 municipios ha concluido este trámite, lo que supone casi un 39% del total, en Las Palmas el porcentaje se eleva al 41%, lo que significa que lo han hecho 14 de los 34 municipios de la provincia. Tenerife ha aprobado 11 de sus 31 planteamientos (35%%), mientras que Gran Canaria ha conseguido el visto bueno para nueve de sus 21 planeamientos municipales, es decir, un 42%, aunque Arucas y Teror lo tienen suspendido por sentencia firme y rigen las normas básicas.

El director general de Planificación Territorial, Transición Ecológica y Aguas del Gobierno de Canarias, Víctor Navarro, reconoce que es «preocupante» el «importante» número de municipios que tiene aún pendiente el trabajo de finalizar sus planteamientos, una situación que se extiende a todas las islas. Indica al respecto que la ley establece plazos para aprobar los planes, pero no establece sanciones en caso de incumplimiento, lo que a su juicio permite que «el trabajo de las administraciones municipales se relaje».

Navarro destaca además que una de las dificultades que está encontrando el Gobierno a la hora de elaborar los planes son los «supletorios». Esta figura, explica el director general, indica que el Gobierno de Canarias dirige, costea y aprueba la redacción del plan pero cuenta con la participación del Ayuntamiento lo que en muchas ocasiones motiva que se demoren, señala.

La idea del Gobierno para intentar paliar esta situación es eliminar el próximo año esta fórmula de trabajo conjunto el próximo año. La ley, dice Víctor Navarro, ya prohibe abrir nuevos supletorios aunque permite continuar con los que están en marcha. «Hay que acabar con los que están iniciados y llevan atascados cuatro o cinco años, porque el Gobierno no puede continuar gastando dinero en algo cuya aprobación depende de otra administración y de que nos faciliten documentación, certificaciones, el informe económico...». Todo eso conlleva retrasos que no son siempre culpa del trabajo administrativo, sino que obedecen a cambios de Gobierno con equipos que quieren rectificar el planeamiento, modificaciones por cambio de legislación, etc.

El resultado, señala, es que desde 2011, «el Gobierno ha gastado millones de euros en supletorios que no salen». Entre ellos, Mogán, San Bartolomé, Firgas, Arrecife, varios en La Palma, dos en Tenerife, en total, nueve planes en los que el trabajo participado no ha supuesto agilizar el procedimiento, sino lo contrario.

ayuntamientos canarios no tienen adaptado su planeamiento ni a la Ley de Directrices ni al texto refundido de las leyes de ordenación y de los espacios naturales. En el caso de Santa Cruz, son un 26% de sus municipios mientras que alcanza el 32% en Las Palmas.