Conrado Domínguez, la pasada semana, al llegar a un acto en el Colegio de Médicos de Las Palmas. / EFE

Caso Mascarillas: la Audiencia desmonta los argumentos del Gobierno

La propuesta de dictamen tumba la línea de defensa de Sanidad. Contratos como el de RR7 serían nulos de pleno derecho

Francisco Suárez Álamo
FRANCISCO SUÁREZ ÁLAMO Las Palmas de Gran Canaria

La emergencia sanitaria por el estallido de la pandemia no es excusa, desde el punto de vista de la tramitación administrativa, para saltarse los preceptos en materia de contratación pública, en especial los relativos a la comprobación de la solvencia técnica y económica de las empresas a las que se contrata. Es una de las conclusiones que mantiene la Audiencia de Cuentas en la propuesta de dictamen que será votada en los próximos días por el pleno de ese órgano para el posterior envío al Parlamento de Canarias.

La Audiencia de Cuentas mantiene que el Servicio Canario de Salud pudo incurrir en responsabilidad contable en el caso Mascarillas, al contratar con la empresa RR7, domiciliada en la capital grancanaria, la compra de un millón de mascarillas a cambio de la entrega por anticipado de 4 millones de euros. El material sanitario nunca fue entregado y la Fiscalía Anticorrupción aprecia indicios de prevaricación administrativa, tráfico de influencias, estafa agravada y blanqueo de capitales en ese caso, que ya se instruye en el Juzgado número 7 de la capital grancanaria.

La Audiencia de Cuentas mantiene en su propuesta de dictamen que «tanto la acreditación de la capacidad de obrar como de la solvencia económica, financiera y técnicas son requisitos que han de observarse en todos los contratos celebrados por cualquiera de las entidades incluidas en el ámbito de aplicación de la Ley de Contratos del Sector Público, con independencia de cual sea la tramitación del expediente».

Agrega la Audiencia que el hecho de incumplir ese precepto «motiva que el contrato sea calificado como nulo de pleno derecho». Y añade: «La forma en que se tramite el expediente no es óbice para que las administraciones públicas exijan a los contratistas el cumplimiento de tales requisitos», afirmación que sustenta la Audiencia en un dictamen del Consejo de Estado de mayo de 2021 como en un informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas de este año. Con todo ello, la Audiencia subraya que la solvencia económica, financiera y técnica son «requisitos necesarios para contratar con las administraciones públicas, con independencia de cual haya sido la forma empleada para la tramitación del expediente, pues la falta de capacidad la califica el legislador como nula de pleno derecho».

En este sentido, la empresa elegida por el SCS para la compra de un millón de mascarillas a cambio de 4 de millones se dedicaba a la compra y venta de coches y, tras fracasar la operación y después de una segunda oportunidad concedida por Sanidad y que igualmente fracasó, no ha reintegrado el dinero y tampoco los intereses devengados. Es más, la Agencia Tributaria ha intentado recuperar el dinero por la vía de apremio, hasta ahora también sin éxito.

A instancias del fiscal Anticorrupción, el juez instructor ordenó el embargo de bienes y cuentas de RR7, al tiempo que ha pedido al Gobierno que aclare quién, además del director del SCS, Conrado Domínguez, estaba al tanto de las negociaciones y quién las autorizó.