La consejera de Economía y Empleo del Gobierno de Canarias, Elena Máñez, durante su intervención en el pleno del Parlamento de Canarias. / EFE

Mañez anuncia que 1.700 empresas canarias cobrarán ya las ayudas directas del Estado

La oposición critica la falta de agilidad en los trámites y la poca flexibilidad del requisito del 30% de pérdidas

INGRID ORTIZ Las Palmas de Gran Canaria.

El Parlamento de Canarias aprobó ayer por unanimidad la convalidación del decreto para la regulación de las ayudas de 1.144 millones de euros transferidas por el Estado para las empresas y autónomos de las islas. Una medida destinada a combatir el impacto económico derivado de la pandemia y que, al considerar su marco temporal, una mayoría de votos en contra impidieron su trámite como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia.

Hasta la jornada de ayer, un total de 3.867 empresas habían mandado solicitud tanto para la línea 1 para autónomos en tributación objetiva como la línea 2, para el resto de empresas con una caída de la facturación de más del 30% entre 2019 y 2020. Unos datos que aunque a priori no reflejan un pico elevado de expedientes presentados como en otras convocatorias, desde la Consejería prevén un aumento progresivo. Esto lo atribuyen, por un lado, a la insistencia a través de los seminarios web con los distintos sectores en preparar toda la documentación necesaria correctamente para evitar futuros requerimientos —y, por tanto, el retraso de los cobros— y, por otro, a la camapaña de Hacienda, que ha podido frenar a las empresas.

LAS CLAVES

  • Trámites Las solicitudes se presentan vía telemática a través de la Sede Electrónica de la Comunidad Autónoma.

  • Asesoramiento La Consejería ofrece un servicio telefónico (900 909 519) para dudas y oficinas de atención presencial.

  • Distribución. Existen dos líneas en función del tipo de tributación la 1 para autónomos y la 2 para las pymes.

  • Plazos La convocatoria de ayudas directas mantiene abierto el plazo de solicitud hasta el próximo 28 de julio.

No obstante, la consejera de Economía y Empleo, Elena Mañez, anunció que ya hay 1.762 expedientes en fase de intermediación, lo que significa que en poco tiempo podrán empezar a abonarse los primeros pagos. A esto añadió que de los 84 millones de las primeras ayudas directas aprobadas por el Gobierno canario, 64 ya han sido repartidos a unas 10.000 empresas.

En este sentido, Mañez aseguró que están agilizando los trámites para que los posibles beneficiarios puedan recibir las ayudas lo antes posible y puso en valor el hecho de que Canarias haya podido ampliar los porcentajes y cuantías máximas gracias al estudio y el análisis de la Agencia Tributaria. Con respecto a lo señalado por el Consejo Consultivo sobre la dificultad de lectura del decreto, Mañez defendió que «se ha tratado de regular de la forma más sencilla una materia de por sí compleja» por enmarcarse en el Real decreto-ley 5/2021 y acogerse a dos líneas del marco nacional temporal, ya que afecta a todo tipo de empresas con todo tipo de tributación

Durante la sesión plenaria, la oposición señaló, sin embargo, que no se está haciendo el suficiente esfuerzo para agilizar los trámites y criticaron la dureza del Gobierno con respecto a las restricciones en la hostelería, que a pesar de que pueden optar a estas ayudas, consideran que están «desprotegidos». Desde el Grupo Mixto señalaron la necesidad de aumentar las cotas de eficiencia por parte de la Administración. Unas declaraciones a las que se sumó el Partido Popular considerando «inadmisible» que la Consejería se escude en el plazo hasta diciembre para ejecutar las ayudas. Por su parte, los nacionalistas advirtieron del peligro que supone la creación de «una administración paralela para gestionar asuntos esenciales», refiriéndose a la colaboración con las Cámaras de Comercio.

Otro punto controvertido del debate fueron los requisitos para acceder a la subvención. ASG y Podemos señalaron que muchas empresas canarias que habían declarado pérdidas por debajo del 30% se quedaban al margen de las ayudas a pesar de «haber cumplido» para no cerrar durante este periodo y ahora «podrían verse igualmente perjudicadas». También el PP criticó el requisito de la deuda, ya que algunas empresas habían visto caer sus ingresos incluso por encima del 30% pero se habían sustentado en ahorros o préstamos familiares y, por tanto, no podrían acceder a la subvención.

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