Madrid reconoce que no podrá desalojar los hoteles de inmigrantes a corto plazo

Aunque el Ayuntamiento de Mogán empezó el pasado lunes a inspeccionar los establecimientos turísticos para certificar «el uso indebido» de estas instalaciones según indicó el teniente de alcalde, Mencey Navarro, la secretaria de Estado de Migraciones, Hana Jalloul, ha declarado que «no le preocupan» estas manifestaciones porque el Gobierno del Estado está cumpliendo los plazos y «cumpliendo su palabra». Al respecto, en unas recientes declaraciones a la Cadena Ser, Jalloul indicó que aunque se están abriendo dispositivos de acogida que han permitido desalojar ya el Hotel Puerto Azul, «no todos pueden salir en 15 días».

En cualquier caso, Madrid considera que en un plazo aproximado de dos semanas se podrá contar con los espacios de Canarias 50 y El Matorral. Según la previsión del Plan Canarias presentado a finales del pasado mes de noviembre por el ministro de Migraciones, José Luis Escrivá, entre ambos recursos podrían alcanzar una capacidad de 1.350 plazas en carpas exteriores. El Gobierno central mantiene que «cumple su palabra» y que en solo cinco semanas han hecho «mucha obra» de manera simultánea y en varias islas, desde los solares, la fontanería, etc. con el objetivo de ofrecer una «acogida digna» mientras se estudian los expedientes de cada inmigrante para que los más vulnerables puedan ser derivados a la península en el menor tiempo posible.

En cuanto a la decisión de Mogán de sancionar a los hoteles que acogen inmigrantes, desde la Secretaria de Estado se considera que es una actuación «irresponsable» y hace hincapié en que estos establecimientos estaban cerrados por la pandemia, de tal manera que se ha permitido a los empresarios mantener la actividad y el empleo.

El teniente de alcalde de Mogán, Mencey Navarro, precisó que desde el pasado lunes, la Policía Local está realizando inspecciones para constatar que los hoteles no han cesado en el uso indebido y contrario a la habilitación que disponen según la Ley del Suelo. En los casos en los que se certifique esta situación, se abrirá un expediente sancionador que cuenta con un primer plazo de diez días para que los empresarios restablezcan «voluntariamente» la actividad permitida al establecimiento y, en caso de que no lo hagan, pueden ser sancionados con multas de entre 6.001 euros y 150.000 euros. La administración cuenta con un periodo de seis meses para notificarlo, indicó Navarro.

En este municipio del sur de Gran Canaria se utilizan diez instalaciones turística para el alojamiento de inmigrantes (otro ya fue desalojado). De éstos, siete son recursos de acogida para adultos mientras que otros tres se han dispuesto para atender a menores por parte del Gobierno de Canarias y tampoco se prevé su desalojo en breve.

El Estado prevé mantener de manera permanente tres de los centros de acogida de inmigrantes que aún está poniendo en marcha, según ha indicado el Ministerio de Migraciones. El objetivo de Madrid es que el espacio del Canarias 50, el Colegio León y una nave cedida por Bankia -los tres en Las Palmas de Gran Canaria- «se queden para cualquier crisis migratoria de futuro y, en caso de que ocurra, poder contar con instalaciones para hacer frente a esa situación», ha indicado la secretaria de Estado, Hana Jalloul.

Desde hace años, el Ayuntamiento capitalino aspira a conseguir el espacio que ocupaba el antiguo acuartelamiento de Infantería en La Isleta, el Canarias 50, para crear un parque de ocio y deportivo que, en paralelo, servirá para reordenar el tráfico en la zona. Según el alcalde de la ciudad, Augusto Hidalgo, el Estado ha asumido el compromiso de revertir este espacio.

En cambio, el emplazamiento situado en el acuartelamiento tinerfeño de Las Raíces será «para unos meses», según el Ministerio de Migraciones. Precisamente el Ayuntamiento de La Laguna autorizó a mediados de diciembre este espacio como uso provisional de acogida de inmigrantes, levantando la suspensión y el precinto sobre las obras que había iniciado el Ministerio de Migraciones.