Madrid asegura que tomará medidas ante la subida del precio de los vuelos

La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, aseguró ayer que en el Gobierno son «conscientes» de la subida registrada en los vuelos entre Canarias y la Península y se comprometen a «adoptar las medidas que sean precisas» ante esta situación.

Sánchez contestó en el pleno del Congreso de los Diputados a una pregunta de la representante de Coalición Canaria (CC) María Fernández, interesada en saber si la ministra considera que la labor de su departamento está teniendo éxito frente a la «desmesurada» subida de precios que se ha registrado en los vuelos entre el archipiélago canario y la península.

La diputada canaria explicó a la Cámara que los precios de esos vuelos «han subido de media un 18%, llegando en algunas rutas al 45%» y señaló que eso significa, cuando se está bonificando el 75% del precio del billete, que «el dinero público se está tirando a la basura o, peor, está yendo a la cuenta de resultados de grandes aerolíneas».

Tras opinar que «esta desmesurada subida de precios no la explica ni la guerra de Putin ni el gas de Putin, que es una excusa universal», Fernández dijo a la ministra que es una «obligación» del Gobierno «fiscalizar el dinero público para saber si va destinado al fin que se prevé», algo que «está en peligro cuando no dejan de subir los precios» y quienes «lo soportan» son los canarios, que cada vez están «más alejados de la península».

En su respuesta, la titular de Transportes garantizó que «este Ministerio y este Gobierno hacen un control exhaustivo del destino de los recursos públicos» y también «un seguimiento de ese incremento del precio de los billetes aéreos que lo cierto -subrayó- es que sí, es que la guerra de Ucrania ha tenido efecto en los precios».

Además de comprometerse a «adoptar aquellas medidas que sean precisas», Sánchez recordó que su departamento está trabajando en un proyecto piloto para analizar si en alguna de las rutas entre las islas y la península se puede establecer una obligación de servicio público (OSP), lo que podría dar como resultado fijar una tarifa máxima.

Al respecto, apuntó que el establecimiento de una tarifa máxima «solo se puede hacer articulando una obligación de servicio público que solo está justificada cuando se da un funcionamiento anómalo y que, en caso de no estar previamente justificado, puede tener efectos indeseados y que provoquen un decrecimiento de la oferta de viajes».

La titular del Ministerio de Transportes recordó asimismo que «fue este Gobierno el que en 2018 aumentó del 50% al 75% la subvención para residentes en el precio de los billetes».

El precio de los billetes para volar entre Canarias y la península se ha incrementado en lo que va de año por encima del 45% respecto a 2021 en algunas rutas. Si bien el aumento medio se sitúa en el 18%, hay conexiones que se han encarecido de media muy por encima de ese porcentaje, como es el caso de la ruta que une Gran Canaria con Barcelona, que ha subido un 47%.

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