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B. HERNÁNDEZ
Las Palmas de Gran Canaria.
Sábado, 17 de octubre 2020, 01:00
Solo 5.863 solicitudes de familias canarias para recibir el ingreso mínimo vital (IMV) han sido aprobadas hasta ahora por el Ministerio de Inclusión, Migraciones y Seguridad Social de un total de 74.267 expedientes válidos. En cambio, y según los datos hechos públicos ayer, hasta el momento han sido denegadas 12.347 demandas, practicamente el doble de las aprobadas.
Del total de solicitudes en las islas, 39.960 se hicieron efectivas en la provincia de Las Palmas, de las que se han aprobado 3.046, mientras que en Santa Cruz de Tenerife se presentaron 34.307 y por ahora, 2.817 tienen el visto bueno, pero su aprobación no significa que ya esté siendo abonada. Esta prestación, puesta en marcha por el Gobierno estatal para paliar la pobreza severa, sólo había sido cobrada a mediados de septiembre por 200 hogares de las islas, aunque el ministro, José Luis Escrivá, señaló recientemente en su visita a Canarias que durante este mes de octubre el abono llegaría a 6.000 familias. El Ministerio anunció ayer que para todo el país se han aprobado ya 136.000 solicitudes que afectan a 400.000 personas, de las que practicamente la mitad son menores. El importe bruto total correspondiente a octubre ascenderá a más de 158 millones.
A pesar de este «empujón» en la tramitación, la ayuda llega con meses de retraso respecto a los planes anunciados por el Ejecutivo central, ya que primero se vio demorada por las diferencias entre el vicepresidente de Derechos Sociales, Pablo Iglesias, y el titular de Seguridad Social, y después por los trámites administrativos y la falta de personal en la Seguridad Social para gestionar los expedientes.
El Gobierno central había calculado que alrededor de un millón de familias en todo el país podría acogerse a este ingreso, y sus previsiones apuntaban que unas 90.000 solicitudes serían canarias. De momento, las cifras reales están en torno a 15.000 solicitudes por debajo de esos datos que se manejaba inicialmente, aunque aún se mantiene abierto el plazo de solicitudes.
Este periodo, fijado en principio para el mes de junio, se amplió a petición de UGT hasta septiembre primero y posteriormente hasta final de año, para que no decayera ninguna solicitud. Para cualquiera de los casos, los expedientes que sean aprobados tendrán derecho a la prestación con efectos retroactivos al mes de junio. Además, y ante los retrasos de la tramitación, se ha anulado el silencio administrativo.
Quienes sí cobraron desde el mes de junio el primer pago del ingreso mínimo fueron las familias que venían recibiendo una prestación por hijo a cargo sin discapacidad o con discapacidad menor del 33%, según hizo público la Delegación del Gobierno en Canarias. En estas circunstancias se encontraban 74.119 hogares de toda España, de los que 3.164 se registran en Canarias. Estos hogares han sido reconocidos de oficio como beneficiarios de esta prestación.
Los hogares reconocidos de oficio son aquellos de los que el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) tenía información suficiente sobre su composición para poder realizar la reconversión. La Seguridad Social les avisó previamente, por SMS y carta para que no tuvieran que solicitar el ingreso mínimo vital ya que se les aplicaba de manera automática.
Desde que se puso en marcha esta prestación, los sindicatos han denunciado que la falta de personal en la Seguridad Social provocaría retrasos en la tramitación de los expedientes. Del total de solicitudes recibidas, ya se han tramitado 488.000. Además, en torno a 160.000 personas han tenido que subsanar documentación pendiente, mientras que 192.000 solicitudes han sido denegadas -la mayoría por superar los niveles de renta exigidos para recibir este ingreso-, mientras que otras 40.000 se han duplicado -una misma persona presentó 16 solicitudes-.
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