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Almudena Sánchez y Santa Cruz de Tenerife
Jueves, 1 de enero 1970
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El nuevo año traerá subida de sueldos no solo para los empleados públicos sino también para los altos cargos de la Comunidad Autónoma de Canarias. La Ley de Presupuestos para 2019 contempla la posibilidad de que tales subidas sean aprovechadas por los responsables políticos en distintas instituciones.
El artículo 40 establece que «durante 2019, las retribuciones se incrementarán en todo caso, respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2018, en el mismo porcentaje que la normativa del Estado, de carácter básico, establezca como límite de incremento global para el año de las retribuciones del personal al servicio del sector público».
El Consejo de Ministros celebrado días atrás aprobó el real decreto-ley en el que se contempla un aumento fijo del 2,25% para las retribuciones de todos los empleados públicos desde el 1 de enero del año próximo. Si a esto se añade la ley presupuestaria de Canarias, cabe prever que los responsables políticos se lo apliquen también.
En realidad, esta situación se viene sucediendo desde que la Administración General del Estado decidió ir aumentando los sueldos de los funcionarios. A partir del año 2016, los presupuestos autonómicos posibilitan ampliar este tipo de aumentos a los altos cargos.
De hecho, la Mesa del Parlamento de Canarias ha venido adoptando acuerdos anuales en los que se decreta la congelación de las retribuciones de los diputados pero a renglón seguido, se añade la salvedad de que el Gobierno del Estado decida otra cosa.
En abril de este año, el órgano rector secundó el acuerdo reproducido en años anteriores. La presidenta, Carolina Darias, enfatizó que no se había producido incremento salarial y a finales del mes de julio, la Junta de Portavoces lo materializó en el 1,75% con la única oposición de la portavoz del grupo Podemos.
Para el año próximo, si una nueva Junta de Portavoces vuelve a dictaminar en el mismo sentido, los diputados disfrutarán de, al menos el 2,25% más de dinero mensual en sus cuentas corrientes.
De esta forma, la presidenta, como los vicepresidentes, secretarios de Mesa, presidentes de grupo parlamentarios, portavoces, portavoces adjuntos y diputados sin responsabilidad añadida podrían pasar de los 3.975,08 euros mensuales a los 4.064,51 euros; al año el aumento alcanzaría los 1.162,59 euros.
Desde el año 2016 hasta 2019, si se incluye la subida prevista, la diferencia se acercaría a los 200 euros al mes.
Las retribuciones de sus señorías han alcanzado a lo largo de este año algo más de tres millones de euros -incluida la subida del 1,75% que fue efectiva desde el primer día de enero-.
Para el año que está a punto de empezar, el coste se elevaría unos 243.870,6 euros hasta mayo; a partir de que se constituya el nuevo Parlamento, con 70 diputados, la cifra se elevaría a los 284.515,7 euros.
Ya se ha convertido en un clásico que el grupo parlamentario Podemos sea el único que, por un lado, se haya negado al incremento salarial de estos años y por otro, a presentar enmiendas a los proyectos de ley de presupuestos en las que propone reducir el sueldo a los diputados. De igual manera, ya es tradicional el rechazo que obtiene del resto de los partidos con escaño.
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