Los ayuntamientos piden más libertad para invertir su superávit

20/08/2018

Los alcaldes insisten en la necesidad de que Madrid abra la mano al techo de gasto porque no pueden hacer frente a sus necesidades con las inversiones financieramente sostenibles que permite el Estado. Entre sus principales reclamaciones figura la posibilidad de ampliar la plantilla

La posibilidad que el Ministerio de Hacienda ha otorgado a las corporaciones locales para invertir su superávit se ha quedado pequeña. Las opciones ofrecidas por Madrid no responden a las necesidades municipales cuyos alcaldes demandan libertad para gastar su dinero en los servicios que precisan y sin la limitación actual de los plazos, sobre todo porque la mayoría de los ayuntamientos ya está saneado. Como señala el concejal de Urbanismo de Arucas, Manuel Rodríguez, «parece una contradicción pero no queremos más dinero, queremos gastar nuestros recursos».

El objetivo de los alcaldes canarios -que trabajan coordinados con la Federación Española de Municipios y Provincias (Femp)- es que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, «abra la mano con la regla de gasto», tal como explica el presidente de la Federación de Municipios (Fecam) y alcalde de Alajeró, Manuel Ramón Plasencia.

El anterior Gobierno del PP dio cierto margen a los ayuntamientos al fijar la posibilidad de utilizar el superávit para inversiones financieramente sostenibles, un catálogo de actuaciones que posteriormente fue ampliado. Con estas inversiones, que no computan en la regla de gasto, se trata de evitar la generación de gastos no financieros futuros que puedan ser fuente de déficit.

Sin embargo, las necesidades municipales no siempre responden a este criterio. Tanto el alcalde de Alajeró, Manuel Ramón Plasencia, como el concejal de Urbanismo de Arucas, Manuel Rodríguez, o el teniente de alcalde de Moya, Raúl Afonso, puntualizan que sus ayuntamientos requieren, sobre todo, mejorar las plantillas que se encuentran «al mínimo», en unos casos para hacer frente al propio proceso de desarrollar inversiones sostenibles o para atender servicios que superan esta categoría.

Y es que, como detalla Rodríguez, los plazos otorgados por Madrid para poner en marcha los proyectos implica «más procedimientos administrativos y más obligaciones, pero menos personal». Añade que en su Ayuntamiento, sólo el déficit de técnicos -practicamente en todas las áreas- ronda la decena de personas. En este momento, dice, en Arucas «nos vemos quitando de un lado e invirtiendo en el otro por la necesidad de gastar el dinero», y eso a pesar de que este municipio tiene en el banco unos 20 millones sin poder mover, mientras que su presupuesto para este año es de 27 millones. Insiste en que hay «ideas y necesidades, pero también hay que redactar los proyectos, hacer todo el trámite administrativo y para eso se precisa personal». Se ven, dice, gastando dinero en asfaltado y otros asuntos que no precisan redacción de proyectos para intentar cumplir los tiempos establecidos por el Gobierno central.

Las limitaciones para gastar el superávit también genera problemas en ayuntamientos más pequeños como el de Moya. El teniente de alcalde, Raúl Alonso, explica que su solución ha sido destinar todo el superávit permitido -500.000 euros de 2017- en caminos, alcantarillado, alumbrado y edificios públicos -este año centros educativos-, de tal manera que el presupuesto municipal quede liberado de estas obligaciones y poder destinar sobre todo a servicios sociales, que es una de sus prioridades.

Desde la Fecam, su presidente, Manuel Ramón Plasencia, insiste en que el objetivo es que el remanente se pueda utilizar «en lo que quieran los ayuntamientos siempre que esté en el ámbito de sus competencias». Comparten con Madrid que «no podemos gastar más de lo que ingresamos, pero no podemos seguir siendo cajas de ahorro sin mover nuestro dinero».

  • 1

    ¿Deben ser los partidos políticos los que designen a los miembros del Consejo General del Poder Judicial?

    Sí.
    No.
    Ns / Nc.
    Votar Ver Resultados