Los alcaldes ultiman proyectos para invertir el superávit

Como agua de mayo. Así esperan los alcaldes canarios el decreto de Madrid que les permitirá invertir su superávit. La Fecam ofrecerá orientación a los ayuntamientos que lo precisen, aunque muchos de ellos ya tienen listo el procedimiento a seguir para dar la mayor celeridad a sus proyectos.

B. HERNÁNDEZ | /LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Los municipios del Archipiélago tienen en las entidades bancarias más de 300 millones de superávit «ociosos», según la definición del alcalde de Agüimes y vicepresidente de la Federación Canaria de Municipios (Fecam), Óscar Hernández. Si el Gobierno del Estado cumple el compromiso anunciado, en un mes se aprobará el decreto que dará luz verde a la posibilidad de utilizar esos recursos.

A partir de entonces, los ayuntamientos iniciarán el proceso para, mediante una modificación de crédito, incorporar los remanentes del año pasado al presupuesto de 2018 y gastarlos en un año. En este sentido, Óscar Hernández considera que «a final de marzo, la mayoría de los ayuntamientos ya tendremos estas partidas recogidas en el capítulo de inversiones».

En cualquier caso, el presidente de Fecam, Manuel Ramón Plasencia, indica que una vez se publique el decreto y se analice la «letra pequeña», la entidad mantendrá una reunión para trasladar la información a los alcaldes y, en los casos que sea precisos, «orientarlos, sobre todo para que conozcan las líneas en las que pueden actuar».

Tanto Plasencia como Hernández subrayan que esta medida es «de justicia» y responde a una antigua demanda local. Además, dicen, los ayuntamientos «somos la única administración que ha cumplido con las exigencias del Estado».

Tras el escenario que dejó la crisis, los municipios han destinado gran parte de sus recursos a políticas sociales y el dinero que tienen en los bancos es ahora una inyección para afrontar otros gastos, desde infraestructuras educativas y deportivas a proyectos sociosanitarios.

En Moya, explica su alcalde, Hipólito Suárez, tras cumplir con los requerimientos del Estado, podían invertir 500.000 euros de superávit. Con el acuerdo entre municipios y el Estado, podrán utilizar 1.500.000 euros que las arcas públicas tienen paralizados. Estos fondos se destinarán fundamentalmente, a mejorar la red de abastecimiento y la red de saneamiento municipal.

Así, en Agüimes, un municipio de poco más de 30.000 habitantes y un presupuesto de 38 millones para este año, el superávit en 2017 llegó a los 12 millones. Su alcalde apunta que ya tienen parte del trabajo hecho para «no irnos de tiempo» y esperan poner en marcha proyectos que hasta ahora no han podido financiar, como el centro cultural y social del Cruce de Arinaga, por tres millones, o el área recreativa de esta misma zona.

En el caso del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria -uno de los que más dinero sin poder utilizar mantiene en los bancos-, aún no conoce cuál es su superávit y, por tanto, indican sus fuentes, «no se sabe a qué dedicarlo, aunque Urbanismo tiene varios proyectos pendientes de financiación». Áreas como educación o servicios sociales no han solicitado ninguna obra». El equipo de Gobierno trabaja para tener la información sobre la liquidación de 2017 a final de mes.

«Los ayuntamientos no somos cajas de ahorro»

Cumplimiento. El presidente de la Fecam, Manuel Ramón Plasencia, destaca que los ayuntamientos han sido las administraciones que «año a año» ha cumplido con las exigencias de Madrid.

Necesidades. Además, subraya que han ido acumulando superávit sin poder reinvertirlo y teniendo unas necesidades importantes, por lo que califica de «sangrante» la situación.

Servicios. Plasencia señala que con esta política impuesta por el Estado, los ayuntamientos se han convertido en «cajas de ahorro» con recursos paralizados y sin poder utilizarlos para mejorar los servicios.

Inversiones. Los alcaldes celebran que el Gobierno central haya «abierto la mano» y ampliado el listado de inversiones financieramente sostenibles a las que pueden dedicar sus remanentes.

Plazos. Aunque Hacienda plantea que el superávit de 2017 tendrá como plazo de ejecución hasta abril del próximo año, los alcaldes «no están preocupados» y confían en cumplir los tiempos.

Siguiente paso. Una vez logrado el objetivo de poder reinvertir el superávit, los ayuntamientos se proponen, como próximo objetivo, que se elimine el techo de gasto «aunque haya control».