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La diputada de Coalición Canaria (CC) María Fernández ha presentado varias iniciativas en el Congreso en las que pide explicaciones al Gobierno de Sánchez por el incumplimiento del acuerdo por el que el Estado transfirió a la comunidad autónoma las competencias en materia de gestión del litoral, vigente desde el pasado 1 de enero.
La parlamentaria nacionalista entiende que el Ejecutivo estatal está «usurpando» las competencias pese a haberlas cedido a Canarias y pone como ejemplo que lo evidencia la situación del Hotel Riu Tres Islas en Fuerteventura, sobre el que pesa una propuesta de resolución del Ministerio de Transición Ecológica para declarar la caducidad del permiso de ocupación del dominio público marítimo terrestre concedido en 2007 por haber incumplido las condiciones, lo que podría tener como consecuencia su derribo.
Una de las preguntas que plantea Fernández al Gobierno es si el Ministerio de Transición Ecológica va a «seguir usurpando» las competencias que transfirió a Canarias el 1 de enero en materia de costas.
«No es que sea una posibilidad remota que el Estado se quede con la gestión, porque es exactamente lo que ya está pasando», asegura, «ha habido una supuesta transferencia que no se está cumpliendo donde más necesidad tenemos de que se cumpla, cuando está en juego algo tan importante como el sustento de tantas familias», añade.
La diputada de CC recuerda que el Gobierno de Canarias ha anunciado su intención de acudir al Tribunal Constitucional para defender sus competencias en caso de que no se llegue a un acuerdo con el Estado para evitar la demolición del hotel.
«Que el propio presidente Torres esté dispuesto a llevar al Constitucional al Gobierno estatal de su propio partido es la prueba de que hay un flagrante incumplimiento del acuerdo por el que se traspasó la gestión», añade Fernández.
En otra iniciativa la parlamentaria nacionalista pide al departamento que dirige Teresa Ribera que concrete por escrito sus previsiones para el Hotel Riu y que dé su opinión sobre las declaraciones de Torres en las que asegura que las instalaciones no se van a derribar pese a la propuesta de resolución para anular el permiso de ocupación del dominio público.
«¿Puede garantizar el Ministerio de Transición Ecológica la continuidad de este hotel en su actual emplazamiento, tal como ha asegurado el presidente de Canarias?», plantea Fernández en otra pregunta sobre el mismo asunto.
Afectados en La Palma
Por otra parte, los afectados por la Ley de Costas de las zonas de Punta Larga y El Faro, en Fuencaliente (La Palma), han adelantado que acudirán a instancias judiciales superiores porque los recursos presentados ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias están siendo desestimados, lo que «obliga a formular recursos de casación ante el Tribunal Supremo», señala en una nota la Plataforma Canaria de Afectados por la Ley de Costas, para evitar los desalojos forzosos en estas poblaciones, que afectarían a más de sesenta viviendas en las que residen desde hace décadas numerosas familias.
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