La limitación del alquiler, un 'parche' en un mercado escaso
La intervención que propone el Gobierno afectará moderadamente al mercado canario, que sigue careciendo de una oferta adecuada
Canarias lleva años lastrando los problemas derivados de un mercado inmobiliario deficiente: el desajuste entre la oferta y la demanda se ha traducido en un alza continuada de los precios -sobre todo en zonas turísticas-. El problema se acrecienta con el aumento de la adquisición de vivienda de segunda mano y una cultura del alquiler potenciada especialmente por los jóvenes, que carecen de recursos económicos suficientes para comprar. En este contexto, la aprobación de la nueva Ley de Vivienda ha sido celebrada por el Gobierno como un paso más para regular un derecho básico en la democracia: el acceso a una vivienda digna y a un precio asequible.
Sin embargo, su impacto en el archipiélago será moderado, ya que el punto más controvertido de la norma -el control de los alquileres- afecta a los grandes tenedores, es decir, aquellos que poseen más de diez viviendas. Estos apenas representa el 17% de los propietarios canarios, mientras que el perfil mayoritario, alrededor de 52.000 familias, corresponde a pequeños propietarios que ingresan rentas como un complemento extra a sus salarios. Lo que plantea el Estado en este caso son bonificaciones de hasta el 90% para quienes decidan congelar o rebajar el precio de los alquileres con respecto al contrato anterior, pero este techo impedirá, a su vez, que puedan beneficiarse de un posible incremento de la demanda.
Los precios en 2021 están volviendo a situarse cerca de los niveles pre-pandemia, a pesar del ligero descenso que experimentó el mercado tras el confinamiento, cuando se produjo un gran trasvase del alquiler vacacional al regular para hacer frente al parón turístico. Sin embargo, actualmente Canarias ocupa la quinta posición entre las regiones donde más ha incrementado el alquiler en relación a los ingresos medios por hogar, con precios que oscilan alrededor de los 9,68 euros por metro cuadrado, solo por detrás de Cataluña, Madrid, País Vasco y Baleares. Es más, algunos municipios como San Bartolomé de Tirajana se encuentra entre los diez más caros, según el listado de ciudades con mayor incremento interanual del portal Fotocasa, con un precio de 13,4 euros por metro cuadrado.
Para equilibrar estos precios la ley plantea, por otro lado, recargos en la cuota del IBI de hasta el 150% que los ayuntamientos podrán aplicar a los propietarios de más de cuatro casas que tengan viviendas vacías. Según la Agencia Tributaria, alrededor de 150.000 casas están desocupadas en las islas, una de cada cuatro: algunas se usan de forma ocasional, otras llevan años cerradas y un porcentaje forman parte de la economía sumergida o están okupadas. Lo que no aclara este dato es a quiénes pertenecen dichas propiedades, por lo que se desconoce en qué proporción podría afectar la medida.
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Precisamente, serán fundamentalmente estos límites los que lleven a la comunidad autónoma a iniciar un nuevo pulso con los ayuntamientos que disientan en su aplicación. El Partido Popular ya ha anunciado que las corporaciones locales lideradas por la formación no las adoptarán porque generan «incertidumbre e inseguridad jurídica», lo que implicaría, además, perder las bonificaciones fiscales.
En lo que sí parece haber un acuerdo común es en la necesidad del refuerzo del parque público de viviendas, para lo que el texto se reserva el 30% del suelo urbanizado. Si bien un estudio de la CEOE apuntaba antes de la pandemia que para que el sector español se situara en las ratios de los países del entorno debería construir a razón de 150.000 viviendas al año, el sector en las islas ha estado prácticamente paralizado. En las últimas tres décadas, Canarias han ido avanzando a razón de 16.800 viviendas anuales, a las que se suman otras 55.100 viviendas protegidas entre 1981 y 2019. En ese periodo, la población se incrementó alrededor de 800.000 personas, lo que evidencia, una vez más, el desajuste. Si se compara esa radiografía con la del País Vasco, se observa cómo a pesar de que la comunidad experimentó un crecimiento demográfico menor, (68.000 personas) se edificaron más viviendas: 329.800 privadas y 105.400 protegidas.
En este sentido, el presidente Ángel Víctor Torres dice que «se están dando pasos» para resolver la situación, a pesar de las críticas de la oposición, que manifiestan que en lo que va de legislatura no se ha ampliado el stock de vivienda pública. Torres recordó en una sesión plenaria esta semana en el Parlamento las distintas iniciativas que se han puesto en marcha a nivel autonómico, comenzando por los 17,5 millones de euros que se destinará este ejercicio a las ayudas al alquiler, dentro del Plan de Vivienda 2020-2025. También indicó que se están ultimando los proyectos de 437 viviendas para ser licitadas, a las que se suman otras 120 que se encuentran en fases preliminares. La semana anterior, además, se abrió la convocatoria para la construcción de entre 130 y 140 viviendas por promotoras privadas y destacó la redacción de proyectos para municipios de menos de 20.000 habitantes.
Por otro lado, este año la consejería que dirige Sebastián Franquis también ha puesto en marcha el programa 'Vivienda vacía', dotado de una partida de un millón de euros anuales, con el pretenden garantizar el pago del alquiler durante cinco años a los propietarios para poder sacarlas al mercado. Con ello, se calcula que unas 600 viviendas estarán disponibles a precios asequibles.
