Caso Mascarillas: imputado el amigo de Domínguez que subió el precio en 100.000 euros

Osvaldo Lastras y Samuel Machín tienen en común, además de la amistad, el hecho de dedicarse al negocio del entrenamiento personal y la distribución de productos de Herbalife.

Pese a esa proximidad con Domínguez y que su nombre estaba en los primeros mensajes que aportó Samuel Machín, Osvaldo Lastras no fue citado como testigo, ni en las diligencias iniciales de la Fiscalía Anticorrupción por el juzgado que instruye el caso.

Su inclusión como investigado se produce justo cuando el magistrado Francisco Javier García García-Sotoca ha decretado el secreto de las actuaciones. Precisamente en el auto en el que acordó esa decisión por un mes, el magistrado apuntó la posibilidad de ampliar la lista de personas investigadas, así como de examinar más contratos

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Osvaldo Lastras fue número3 de la candidatura de Nueva Canarias al Ayuntamiento de Mogán en las elecciones de 2019 pero no fue elegido. En 2020 participó en el concurso que Televisión Canaria emite en su sobremesa y ganó un 'bote' de 19.000 euros. En ese concurso se presentó como «entrenador personal».

Según Samuel Machín, tanto él como Osvaldo Lastras mediaron en la operación con el deseo de hacer un negocio que pudiera resolver sus vidas.

En la declaración de Rayco Rubén González, este desveló que el día 1 de junio de 2020, le dijo al propio Conrado Domínguez por mensaje que el precio que le iba a cobrar por las mascarillas era de 3,9 millones de euros. En paralelo el comisionista Samuel Machín le envió un mensaje pidiéndole que no mandara precio alguno al director del SCS. ¿Por qué? Rayco Rubén González leyó en su declaración el mensaje en el que Machín le decía: «Hay que subirlo, me acaba de llamar Osvaldo... Ahora te explico, vale?». Un minuto después el intermediario le puso otro mensaje: «Súbelo a cuatro».

En ese punto de la declaración, el fiscal preguntó al dueño de RR7 quién le había dado el precio inicial de 3,9 millones a Domínguez, a lo que Rayco respondió:« Yo». Y sobre el cambio del precio, agregó: «Yo le pasé la factura a Conrado por cuatro millones como me dijeron y no me preguntó nada por ese sobrecoste». A la pregunta del fiscal sobre el destino de esa diferencia de 100.000 euros, contestó que imaginaba que «a alguna comisión de alguien. Yo acordé 200.000 euros con la gente que estaba trabajando conmigo, pero esos 100.000 más no sé para quién serían».

En un primer momento la lista de investigados se ciñó a los tres querellados por la Fiscalía Anticorrupción: Conrado Domínguez, Ana María Pérez (fue directora de Recursos Económicos en Sanidad) y Rayco Rubén González.

Después se incorporó a la esposa, la madre y un primo del administrador único de RR7.

Como testigos-peritos están tres funcionarias de la Comunidad Autónoma y también declararon, igualmente como testigos, dos integrantes de los Servicios Jurídicos de la Comunidad Autónoma.

En el procedimiento está personada la Comunidad Autónoma en calidad de perjudicada, representada por la Viceconsejería de los Servicios Jurídicos, y como acción popular se encuentra la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Canarias.