La guerra del Fdcan en La Palma, la trastienda de un conflicto político

El desencadenante son los más de 13 millones de euros que el Cabildo podría tener que devolver al Gobierno de Canarias al entender el Ejecutivo en minoría de Coalición Canaria que la institución palmera no ha justificado correctamente los proyectos para los que ese dinero fue transferido desde que este asunto cobró cuerpo en 2016 con la recuperación del ITE, un impuesto ya caduco que Canarias dejaba de pagar al Estado. El programa contaba con una inversión de 207,6 millones de euros para desarrollarlo en 10 años. Con el 80% de estos fondos correspondían al Gobierno y el 20% que resta correspondería al Cabildo, en un reparto de fondos consignado con los 4 municipios radicados en la isla.

En un escenario de precampaña electoral, muchos son los que de fondo ven una guerra política entre Coalición Canaria y el Partido Socialista, una batalla de desgaste en la previa de unas elecciones el próximo año.

La última discusión protagonizada este año se ha producido porque el Gobierno de Canarias ha decidido solo ingresar 8 de los 16,2 millones que le correspondían en la anualidad a La Palma. El hecho, referido tras los informes dispares de intervención y Pestana, es que el Ejecutivo asegura que «no se puede acreditar la veracidad y regularidad de los gastos y pagos por importe de 16,8 millones. Ante este informe poco puede hacer el Gobierno de Canarias», expuso Javier Armas, viceconsejero de Hacienda.

Esta tesitura ha llevado al Cabildo de La Palma a abrir el melón de una guerra política por intereses partidistas, señalando Pestana que se da en esta circunstancia una diferencia de criterio con respecto a otras islas o instituciones en las que Coalición Canaria tiene el bastón de mando.

Sin embargo, desde el Ejecutivo, en palabras de su viceconsejero de Hacienda, responden con crudeza a esta situación. «Cuando el Cabildo de La Palma argumenta un trato desigual con el resto de las instituciones, se refiere a varios ayuntamientos de Gran Canaria y de La Gomera, así como las dos universidades públicas, que tienen un plazo distinto a las corporaciones insulares para la ejecución y la certificación de las actuaciones».