El muelle de Arguineguín volvió a vivir ayer una intensa jornada de rescates de pateras. / EFE

La jueza archiva la denuncia por el muelle de Arguineguín

Rechaza que haya delito en el trato «deplorable» que están recibiendo los inmigrantes hacinados en el campamento y sostiene que gozan de libertad de movimientos

EFE / CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria.

La jueza que se hizo cargo de la denuncia de la alcaldesa de Mogán (Gran Canaria) por el trato que reciben los inmigrantes en el muelle de Arguineguín ha decidido archivarla, al considerar que la situación del campamento es «efectivamente deplorable», pero no constituye delito alguno, en contra de criterio del Ministerio Fiscal que interesó la práctica de diligencias de investigación.

La alcaldesa, Onalia Bueno, no señalaba formalmente en su denuncia ningún responsable concreto de la vulneración de los Derechos Humanos que, a su entender, se estaba produciendo en el campamento de primera acogida del puerto de Arguineguín -donde han llegado a pernoctar 2.500 personas, cinco veces su capacidad-, pero al registrarla si manifestó ante la prensa que esperaba que se depurasen «responsabilidades penales» en el Gobierno.

«El examen de las diligencias de investigación practicadas, así como de la presente denuncia, debe llevar necesariamente a su archivo, por entender esta instructora que los hechos denunciados no son presuntamente constitutivos de infracción criminal», argumenta la juez Yanira del Carmen González, que inspeccionó el campamento el pasado viernes, cuando había más de un millar de personas en su interior, para conocer en persona cuál era la situación.

Hay que destacar que, cuando la regidora del Ayuntamiento donde se encuentra el muelle de Arguineguín interpuso su denuncia, el pasado 28 de octubre, había en el interior del campamento 915 personas, de las que 495 dormían al raso, al no haber tiendas para todos. Hasta en ese momento, la mayor cifra que había albergado el muelle era de 1.575 personas.

Bueno denunciaba que se incumplían las normas de obligado cumplimiento para la prevención de la covid-19, que no había camas para ninguno de los inmigrantes, que solo se habían dispuesto 12 duchas, con lo que el acceso a la higiene era muy difícil, y que los cientos de personas allí congregadas compartían 25 baños químicos.

También cuestionaba que los inmigrantes solo recibieran bocadillos como alimentación o que no se les facilitara lavar la ropa y denunciaba que muchas de esas personas habían tenido que soportar «esas durísimas condiciones hasta más de 15 días» en el muelle.

«Efectivamente deplorable», reconoce la juez, para acabar subrayando que no se aprecia delito alguno en lo que ha ocurrido en el muelle de Arguineguín, ni se ha cuestionado conducta concreta de alguna persona que pueda tener repercusión penal. La juez entra en detalle sobre el presunto delito que supone que esas personas pasen en el muelle más de las 72 horas que la ley concede a Policía para tomar la filiación a los inmigrantes.

El auto recuerda que, por protocolo sanitario, «no se puede realizar labor alguna, ni administrativa ni judicial, hasta obtener los resultados de las PCR realizadas a los migrantes y, en su caso, seguir la cuarentena o las prescripciones necesarias establecidas por el facultativo que los asiste».

«La libertad ambulatoria, tanto de nacionales como de extranjeros, puede encontrarse limitada por el protocolo a seguir», añade la juez, que observa «una prudente proporcionalidad entre la limitación de dicho derecho fundamental y la salvaguarda de la salud pública». Y añade que no se ha probado que los inmigrantes que han pasado por ese campamento siguieran en su interior «en contra de su voluntad, ni que se les haya impedido abandonarlo».

En el muelle de Arguineguín, argumenta, las fuerzas de seguridad «realizan las funciones de protección y salvaguarda que les son propias, pero no existe prueba alguna que acredite que los ciudadanos que se encuentran en dichas instalaciones lo estén en contra de su voluntad y que al intentar abandonar las mismas hayas regresado a la fuerza».

En relación con este asunto, los cinco sindicatos que forman la Coordinadora de los Pueblos de la Federación Sindical Mundial reclamaron al Gobierno español y a la UE la acogida y traslado de los inmigrantes que están retenidos en Canarias. Entienden que se deben habilitar de inmediato los mecanismos necesarios para el traslado solidario a territorio español y europeo del conjunto de la migración. Los sindicatos que hacen este planteamiento son Intersindical Canaria (Canarias); (COS) Coordinadora Obrera Sindical Países Catalanes; (LAB) Sindikatua Euskal Herría (Euskadi); (CUT) Central Unitaria de Traballadores, Galicia; e, (Intersindical, CSC), Intersindical, Confederación Sindical Catalana.