Los interinos ven la rectificación del Supremo como un avance «agridulce»
Celebran hacer frente a la concatenación de contratos temporales pero critican que la Justicia siga sin sancionar el fraude de ley
Los empleados públicos temporales de Canarias han recibido «como un café descafeinado» la noticia de la rectificación del Supremo sobre la duración de los contratos de interinidad. El Alto Tribunal considera cualquier plazo mayor de tres años «injustificadamente largo», alineándose con lo establecido por la justicia europea, y establece que cuando se supere este periodo de tiempo el trabajador pasará a adquirir la condición de indefinido no fijo.
Se trata de una reivindicación histórica por parte de los sindicatos de los trabajadores temporales, que han visto cronificada su situación dentro de la Administración. En este sentido, reconocen la parte «dulce» del avance que supone que la Justicia española reconozca el abuso y concrete un periodo para limitar la concatenación de contratos, ya que hasta ahora la jurisprudencia española permitía la ampliación de plazo de tres años si antes no se habían resuelto los procesos selectivos. Esto permitirá, aseguran, que muchas personas que hasta ahora no se habían animado a denunciar el abuso interpongan la pertinente demanda.
Sin embargo, no creen que el Supremo haya afrontado con valentía el asunto ya que, a juicio de los sindicatos, se comporta como si no existiera una normativa comunitaria europea, puesto que el Alto Tribunal deja fuera cualquier pronunciamiento sobre la inconveniencia de los procesos de estabilización que plantea el ministerio de Miquel Iceta para dar respuesta a las mayor demanda de los interinos, que es conseguir la permanencia.
También consideran su condición de «indefinidos no fijos» como una nueva elocuencia para referirse a los temporales, ya que en su consideración jurídica actual supone que, en caso de convocarse oposiciones, ese personal podría ser cesado. No aborda, por tanto, sanciones al fraude de ley ni otros supuestos como el personal laboral «a extinguir», que garantizaría las mismas condiciones de estabilidad del resto de empleados sin llegar a convertirse en personal fijo.
Con todo, confían en que conforme vayan llegando una mayor cantidad de denuncias -algunas ya encaminadas- los tribunales se verán obligados a ir reaccionando para dar respuestas.
Por otro lado, los sindicatos siguen avanzando en el acuerdo firmado con el Gobierno de Canarias en el que se conformarán mesas de trabajo para la identificación de empleados en fraude de ley y elaborar propuestas destinadas a subsanar su situación. En este sentido, apuntan que se ha abierto una nueva fase en la que aún queda «mucho trabajo».
Enmiendas
Desde la oposición, CC ha presentado una serie de enmiendas al decreto-ley presentado por el vicepresidente canario y consejero de Hacienda, Román Rodríguez, para la gestión de los fondos europeos. En ellas, los nacionalistas piden adaptar a las demandas de los interinos la propuesta, que tiene como objetivo simplificar y acorta plazos y reforzar la contratación de personal en la Administración.
«Cualquier garantía al margen de la ley es pura demagogia»
El presidente canario Ángel Víctor Torres ha mostrado su confianza en los consejeros de Sanidad y Administraciones Pública, Blas Trujillo y Julio Pérez, para llevar a buen puerto las relaciones sindicales y el conflicto de la alta temporalidad que pone a la cabeza a la Comunidad Autónoma. En este sentido, asegura que se está negociando una cuestión compleja, ya que depende de la normativa estatal, pero que se están produciendo avances. Expuso como ejemplo el acuerdo con los interinos y el empeño en obtener el informe jurídico para dar una garantía mutua. «Cualquiera debe entender que hay que respetar la ley, incluso los que están en una huelga, y que ofrecer promesas al margen es pura demagogia», concluyó.