Los interinos ven la indemnización de Iceta como una «tomadura de pelo»

La oferta del ministro de Política Territorial y Función Pública, Miquel Iceta, de una indemnización de 20 días por año trabajado a todos los interinos en fraude de ley que suspendan el examen de acceso con el que el Gobierno quiere regularizar su situación y, por tanto, pierdan su puesto, no convence a los empleados públicos temporales canarios. Así lo han manifestado desde el Comité de huelga, que consideran «una tomadura de pelo» estas declaraciones, puesto que continúa abordando la compensación económica en lugar de la sanción a la administración y la verdadera raíz del abuso de temporalidad.

«Lo de Iceta sigue siendo una huida hacia adelante, incumpliendo cualquier normativa comunitaria y cualquier sentencia, por mucho que se haya comprometido con Bruselas en reducir las elevadas cifras de España», explica Manuel González, secretario de Sepca y miembro del Comité. «Esperamos que la Comisión Europea se pronuncie de nuevo y le haga cumplir».

En este sentido, asegura que la propuesta provocará un efecto llamada sobre las demandas a nivel individual, que continúan en aumento, y un coste de judicialización excesivo por no atender la realidad y «empeñarse» en un proceso de estabilización. Señala, así, una sentencia reciente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Madrid que planteaba considerar un caso de funcionario de prisiones interino como empleado público a extinguir. El problema es que el Gobierno rechaza esta categoría de forma generalizada —que supondría otorgar una plaza indefinida al trabajador— porque asegura que la Constitución lo prohibe. A cambio, propone un examen en el que se tenga en cuenta la experiencia acumulada por los interinos.

«Habrá muchas denuncias más, porque la línea en la que trabaja Iceta no supone ninguna solución al fraude de ley para la gran mayoría de los trabajadores, que llevan más de diez años en sus puestos de trabajo y lo que quieren es conseguir la permanencia real», argumenta González.

Por otro lado, desde el Comité dudan de la viabilidad económica de la indemnización que ofrece el ministro, ya que supondría un elevado coste para la ciudadanía y sería inasumible para las corporaciones locales. Además, reconocen que la cifra de 20 días por año supone menos que la de un despido improcedente, lo que consideran «de risa».

El Comité de huelga sigue expectante ante la convocatoria de 90 plazas de funcionarios afectados por el abuso de temporalidad por parte de la Administración, lo que supone el incumplimiento del principio de acuerdo suscrito con los sindicatos. Si bien aseguran que les han trasladado su intención de solucionar el problema, también les han confirmado que esas plazas deben salir a concurso. «Si hay una convocatoria de plazas, cómo vamos a resolver la situación de abuso de esos interinos?», explica Manuel González, que apunta que desde el Comité han advertido de una posible denuncia por prevaricación.

Por el momento, ya han trasladado a la Administración la relación de nombres que compondrán las mesas de trabajo destinadas a identificar a los trabajadores en situación de abuso de temporalidad y esperan que la próxima semana puedan comenzar a trabajar. También han asegurado que mantienen la convocatoria de huelga y los días de paro para este mes de julio.