Los interinos volvieron a protestar ayer a las puertas de Presidencia del Gobierno. / C7

Los interinos avanzan por la vía judicial ante el silencio de la Administración

El fin del diálogo con Función Pública endurece las protestas mientras Montero sigue la cuenta atrás para resolver la temporalidad

Ingrid Ortiz Viera
INGRID ORTIZ VIERA Las Palmas de Gran Canaria

La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, ha marcado junio como fecha tope en el calendario para acabar con la excesiva temporalidad en la Administración y reducirla hasta el 8% que exige Bruselas. Los empleados públicos canarios, sin embargo, aseguran que se trata de un plazo «irreal», teniendo en cuenta no solo los retrasos del Gobierno en la convocatoria de plazas -pendientes desde 2017- sino también las tensiones que han roto el diálogo en la comunidad autónoma.

El conflicto se calentó durante la última reunión entre el comité de huelga y altos cargos de Función Pública, en la que debían valorar una propuesta trasladada por los representantes sindicales para dar solución a los afectados por el fraude de ley. En cambio, el comité denunció una nueva «tomadura de pelo» por parte del Gobierno, que acudió «sin haberse leído el documento y sin el equipo técnico necesario» para negociar. Una situación que ha forzado a los interinos a preparar una demanda por incumplimiento del acuerdo firmado en abril y que esperan presentar en las próximas semanas.

A juicio del comité, la consejería que dirige Julio Pérez no tiene ni la formación jurídica ni el «rodaje» suficiente para encarar el conflicto y se mantienen a la expectativa de los movimientos de Madrid. Si bien asumen que Canarias tiene potestad organizativa para aplicar las directrices nacionales a la realidad del archipiélago, consideran que falta «valor» para asumir el liderazgo.

El comité ve «dejadez» y falta de voluntad política y eleva ahora sus demandas al presidente canario, Ángel Víctor Torres

En este sentido, han sido duras las críticas contra la nueva directora general, Monserrat García, que se ha mostrado favorable al proyecto de ley al que el Congreso dio esta semana luz verde y que permitirá hacer fijos sin oposición a los funcionarios interinos cuando lleven cinco años ocupando el mismo puesto. Una solución que no convence al comité de huelga, puesto que al ser de libre concurrencia, no garantiza la plaza al trabajador.

Por otro lado, tampoco confían en la convocatoria de las OPE en las administraciones locales defendida por el viceconsejero Manuel Martínez, cuya espera está generando nuevas interinidades que no permitirán poner fin al conflicto a corto.

El Gobierno de Canarias, por su parte, mantiene su silencio administrativo y no aclara si tiene previsto retomar las negociaciones. Mientras tanto, las protestas se endurecen tras casi un año desde el comienzo de la huelga y ayer los trabajadores volvieron a manifestarse frente a las puertas de Presidencia del Gobierno. El comité ha elevado ahora sus quejas a Ángel Víctor Torres ante el «bloqueo» de la Consejería y piden reunirse con el presidente para conseguir un compromiso serio y no «propaganda».