Imagen de una manifestación del personal temporal. / C7

Los interinos ampliarán la huelga tras un año de protestas

Continúan a la espera de una reunión con Ángel Víctor Torres para resolver el conflicto en Canarias mientras continúan los avances a nivel nacional

Ingrid Ortiz Viera
INGRID ORTIZ VIERA Las Palmas de Gran Canaria

La lucha de los empleados públicos temporales de la comunidad autónoma ha alcanzado un nuevo punto de inflexión. Tras los avances en las negociaciones con la Consejería de Función Pública que llevaron a la accidentada firma de un acuerdo en junio, el comité de huelga ha perdido la confianza en la Administración y ha optado por endurecer las protestas y recurrir a la vía judicial con el objetivo de que se cumpla con los compromisos adquiridos.

También ha solicitado formalmente una reunión con el presidente canario, Ángel Víctor Torres, puesto que la tensión en la última reunión con la directora general, Monserrat García, y el viceconsejero Manuel Martínez, terminó por romper el diálogo. Los interinos critican la falta de voluntad política en resolver en conflicto cuando se cumple ya un año desde el inicio de la huelga y prevén, ante la persistencia del problema, prolongarla con un nuevo calendario de acciones. Así lo manifestaron ayer en otra de las protestas que llevaron a cabo frente a la sede de Presidencia.

A su juicio, al Ejecutivo «le importa poco o nada» la situación mientras esperan que desde el ámbito nacional se alcance una solución que «no resolverá nada en Canarias». De hecho, recuerdan que durante las primeras negociaciones la comunidad autónoma iba por delante de Madrid, donde se habla de procesos de estabilización que pasa por un concurso de libre concurrencia, por lo que cualquiera puede optar a estas plazas, no solo los afectados por la temporalidad, incluyendo aquellas personas que residen en otros puntos del estado.

La medida, según el representante del Sindicato de Empleados Públicos de Canarias (Sepca) y miembro del comité de huelga, Manuel González, asegura que no dudarán en impugnar la decisión del Gobierno de Canarias si finalmente deciden llevar a cabo una oferta pública de empleo (OPE). «Para empezar porque no es lo que se ha firmado en el acuerdo, y en segundo lugar porque la Comisión Europea ya ha abierto un expediente de infracción y va a mirar con lupa que las decisiones que se tomen se ajusten a la directiva comunitaria», añade González. «Todo esto es otra excusa para marearnos».

La intención de la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesís Montero, es reducir hasta el 8% que exige Bruselas la temporalidad en la Administración y se pone como plazo junio del próximo año. Una fecha que desde Canarias no comparten teniendo en cuenta los retrasos en la convocatoria de plazas pendientes y el consecuente incremento de las interinidades. Esa «inseguridad jurídica» se va a traducir, explican desde el comité, en numerosas demandas particulares que también elevarán la presión en el Estado.

Por otro lado, insisten en que los acuerdos a nivel nacional no incluyen todos los supuestos y son potestativos, por lo que Canarias tendría margen para decidir en qué términos puede dar solución al fraude de ley que afecta, fundamentalmente, a personal laboral.

Desde el Gobierno se han manifestado a favor de los avances de la ministra y ven como una buena noticia que se haya adelantado la fecha límite para el decreto, con la intención de aprobar la ley antes de final de año. Así, se mantienen abiertos a continuar con el diálogo con los trabajadores para alcanzar un acuerdo definitivo.