Secciones
Servicios
Destacamos
Secciones
Servicios
Destacamos
B. HERNÁNDEZ
Las Palmas de Gran Canaria
Martes, 12 de enero 2021, 00:00
Diferencias abismales entre el Gobierno de Canarias y las organizaciones convocantes respecto al seguimiento de la primera jornada de huelga del personal interino y temporal de la comunidad autónoma.
Mientras la Consejería de Administraciones Públicas cifró el seguimiento del paro durante la mañana en apenas un 3,63% de los 7.956 efectivos reales -esto es, sin contar a los empleados que ayer se encontraban de baja o de días libres- y un 10% de afectados, entre los sindicatos las cifras que se manejaron ayer oscilaron entre el 50% de todo el personal de la administración general y el 90% de los afectados. Durante la jornada de tarde, el registro fue algo inferior según la información ofrecida por Función Pública. Estos datos fueron rechazados por los convocantes al entender que «el sistema de control horario en las consejerías no es exacto», circunstancia a la que se une la «intención política de desacreditar la convocatoria», indican los sindicatos.
Ayer estaba convocado el primer día de paro de la huelga indefinida presentada por Intersindical Canaria y Sepca, que también respalda la Plataforma de empleados públicos en fraude de ley de Canarias (Pefralca), para reclamar la estabilización de los empleados públicos temporales de larga duración sin tener que pasar por un concurso oposición.
El 26% de la plantilla de 11.000 trabajadores de la administración general de la comunidad autónoma sigue en condiciones de temporalidad a pesar de que muchos de ellos llevan hasta 15 o 20 años en su puesto de trabajo. Esta situación afecta a 2.959 personas, la mayoría ayudantes de comedor y auxiliares administrativos, tal como apuntó Manuel González, de Sepca y uno de los miembros del comité de huelga.
Canarias pretendía convocar una oferta público de empleo (OPE) en diciembre pasado con el objetivo de consolidar estas plazas pero se ha pospuesto un año. Los trabajadores exigen que se acate la sentencia del Tribunal Europeo que exige al Gobierno que subsane el abuso de temporalidad que ha cometido manteniendo trabajadores en fraude de ley durante y que se establezca la fijeza en sus puestos de trabajo.
La directora general de Función Pública, Laura Martín, aseguró ayer que la escasa incidencia de la huelga había permitido la absoluta normalidad en la administración pública y que ningún centro ni ningún comedor escolar se había visto obligado a cerrar por la ausencia de personal.
Esta información difiere con la ofrecida por la Federación de Ampas Galdós, de Gran Canaria, que en un comunicado aseguró que se había dejado «tirados» a muchos alumnos y lamentaba espacialmente que hubieran quedado sin servicio de comedor los menores más vulnerables, como son los estudiantes de cuota cero y de las aulas Enclave -para niños con necesidades educativas especiales. El presidente de esta Federación, Sergio de la Fe, criticó la falta de previsión y organización de la Consejería de Educación y de los directores de los centros educativos que, indicó, dejó sin comedor «a una parte importante del alumnado de la isla» porque «no se dieron instrucciones de cómo organizar el servicio en función de los servicios mínimos y los protocolos sanitarios por la pandemia.
Respecto a las 13 escuelas infantiles dependientes de la Consejería de Derechos Sociales, todas abrieron sus puertas aunque en una de ellas se cerró un aula de dos alumnos y se quedaron sin comedor unos 80 niños en total. El resto tuvo un «funcionamiento normal».
La huelga presentada por Sepca e Intersindical tiene carácter indefinido aunque de momento solo están agendados los días de paro hasta el mes de marzo. Durante este trimestre, pararán los lunes y viernes. Mañana está prevista una reunión del comité de huelga para analizar el resultado de la primera jornada.
empleados del total de 11.000 trabajadores la administración general de la comunidad autónoma se hallan en situación de «abuso de temporalidad» y exigen que se consolide su puesto de trabajo.
Si lejos están los datos que ofrecen las dos partes sobre la huelga, lejos están también las posiciones respecto a una posible salida al conflicto. Tanto los sindicatos Sepca e Intersindical, como la Plataforma de los empleados públicos en fraude de ley (Prefalca), se niegan a sentarse con la directora general de Función Pública, Laura Martín, al entender que «no es un interlocutor válido», además de que su talante negociador «es nulo», dicen, por lo que solo aceptarán negociar con el consejero de Administraciones Públicas, Julio Pérez.
Los trabajadores mantienen que la interpretación de la administración a la situación de estos trabajadores es contraria a los afectados y a la sentencia del Tribunal Europeo, que mantiene que un trabajador no puede estar en abuso de temporalidad. Para Miguel Quintero, de Prefalca, «toda respuesta del Ejecutivo regional insiste en la libre concurrencia». Indica que la alternativa es «convalidad y reparar al personal abusado pero el Gobierno de Canarias no está dispuesto hasta que el Estado no resuelva el vacío legal existente». En ese sentido, indica Manuel González, de Sepca, su propuesta es que el Parlamento autonómico dicte una norma que lo solucione «pero no hay voluntad política».
Por su parte, la directora de Función Pública, Laura Martín, mantiene «la mano tendida» a los sindicatos para alcanzar un acuerdo ya que, una vez convocada la oferta de empleo público, la negociación de las bases que la desarrollen permitirá integrar las propuestas de los trabajadores temporales, de manera que en las pruebas que se lleven a cabo prime la experiencia «porque es sinónimo de conocimiento«.
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Reporta un error en esta noticia
Comentar es una ventaja exclusiva para registrados
¿Ya eres registrado?
Inicia sesiónNecesitas ser suscriptor para poder votar.