Guía para no perderse en los 85 folios del nuevo informe de la UCO sobre Torres

El Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional entregó ayer a las partes personadas el informe de la Unidad Central Operativa sobre los contactos de la trama de Víctor de Aldama con el Gobierno de Ángel Víctor Torres. Pero por un problema informático las partes personadas solo recibieron 85 de los más de 300 folios. El dossier se centra en los contratos en pandemia hechos por Soluciones de Gestión SL y Eurofins Megalab. Las partes confían en tener este martes el resto del informe.

En los 85 folios a los que accedieron las partes personadas, no. Fue Víctor de Aldama quien hizo esas acusaciones, señalando que la presunta comisión se la había comentado Koldo García, algo que el exasesor ministerial ha negado. El Gobierno central y en concreto el equipo de Torres dan por hecho que en todo el informe no hay nada relativo a esas acusaciones, por lo que este lunes ya exigían disculpas a quienes desde la oposición dieron por buenas las afirmaciones de Víctor de Aldama.

En esos primeros 85 folios no hay nada de eso y, a tenor del índice del informe de la UCO, no hay un apartado específico sobre el mismo en el resto del informe. Se trata de un aspecto relacionado con el presunto fraude de hidrocarburos por el que fue detenido por Víctor de Aldama, un negocio que pasaba por traer petróleo de Venezuela, almacenarlo en Tenerife y luego introducirlo en el mercado peninsular. Se llegó a crear una sociedad para ello. Y teóricamente Víctor de Aldama y sus socios realizaron viajes a las islas para ese asunto. En las conversaciones de Koldo captadas en su día por la UCO hay varios pasajes en que le dice a Ábalos que hay un negocio petrolero en marcha y que los ingresos para ambos pueden ser cuantiosos.

Estamos ante dos instancias judiciales que caminan en paralelo pero cuyas sendas confluyen en ocasiones. La UCO ha entregado el informe a la Audiencia Nacional, que investiga a Víctor de Aldama -entre otras personas- por sus negocios en el supuesto caso del fraude de hidrocarburos. En paralelo, el juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente propuso este lunes sentar en el banquillo al exministro de Transportes José Luis Ábalos, a su exasesor Koldo García y al empresario y presunto comisionista Víctor de Aldama por la parte de la causa centrada en mordidas por presuntos contratos irregulares de mascarillas. El instructor dictó para ello un auto de pase a procedimiento abreviado (equivalente al procesamiento) por presuntos delitos de cohecho, pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos. En ese auto, de 47 páginas, no hay mención alguna al Gobierno de Canarias o Ángel Víctor Torres.

Ángel Víctor Torres está aforado por su condición de ministro. Si el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno apreciara indicios de delito en las actuaciones de Torres, debería elevar el procedimiento al Tribunal Supremo. En ese caso se podría dar la circunstancia de que el juez Leopoldo Puente se encontrase con nuevos hechos cuando acaba de dar por terminada la instrucción relativa a Soluciones de Gestión. En ese sentido, desde el equipo del ministro Torres se valoró este lunes como muy significativo que esa instrucción del Supremo se dé por cerrada sin referencia alguna al político canario.

El ministro ha tenido que matizar en más de una ocasión sus afirmaciones sobre Víctor de Aldama. Primero dijo no conocerlo y después acabó admitiendo que pudo haberlo visto en una reunión. Ahora la UCO, en la última hoja del informe entregado este lunes y que está incompleto, habla de otra cita en un restaurante de Madrid en la que habría estado presente también Víctor de Aldama. También hay discrepancias entre lo que dijo Torres sobre Ana María Pérez y el relato que hace la UCO a partir de los mensajes. En el Parlamento el expresidente canario dijo que apenas había tenido relación con ella y que la conoció en una inauguración, mientras que los mensajes hablan de al menos una reunión con ella presente para resolver pagos pendientes con Soluciones de Gestión.

La UCO destaca que en el seno del Servicio Canario de la Salud hubo técnicos y cargos intermedios que pusieron objeciones, con correos electrónicos por medio, a la celeridad con que se tramitaron los contratos con Soluciones de Gestión, el alto precio pagado por las mascarillas y también a que se articulase un mecanismo de pago fuera «del circuito». Ana María Pérez les hizo ver que el encargo del contrato venía de las altas instancias, en referencia teóricamente a Antonio Olivera y el propio Torres. Pese a esos reparos, todo fueron facilidades para Soluciones de Gestión, pese a que parte del material entregado no se ajustaba a lo contratado. No fue la primera vez en que el SCS hizo caso omiso a su personal: sucedió también con el contrato fallido con la empresa de compraventa de coches RR7, a la que se entregaron 4 millones de euros por un millón de mascarillas, material que nunca llegó. La Hacienda canaria no ha podido recuperar el dinero y el caso sigue en manos de la Fiscalía Europea.

Era asesor personal de José Luis Ábalos y en la práctica su mano derecha. Hay que tener presente que Ábalos estaba al frente del ministerio con mayor capacidad de inversión, además de que pilotaba las políticas portuarias y aéreas, dos áreas de especial sensibilidad para Canarias. Y Ábalos era el secretario de Organización del PSOE a nivel federal, además de persona de la máxima confianza de Pedro Sánchez desde la etapa en que este batalló por liderar el Partido Socialista. Todo eso hacía que Ábalos fuese casi un vicepresidente de facto en el Gobierno. Y con Canarias Ábalos tenía línea directa, un contacto que fue a más en la pandemia porque el Gobierno de Torres recurría al ministro para desatascar las cuestiones relativas a Canarias, incluso las que no eran de su estricta competencia. Era algo así como otro 'ministro canario' en un gabinete donde también estaba Carolina Darias.

Antonio Olivera fue nombrado viceconsejero de Presidencia en el Gobierno de Torres. Al estallar la pandemia, fue incluido en el comité de gestión de la crisis sanitaria. Y cuando Torres releva a la entonces consejera Teresa Cruz y a buena parte de su equipo, Olivera pasa a ser temporalmente director del Servicio Canario de la Salud, hasta que en julio llega de 2020 es nombrado Alberto Pazos. El cargo de consejero fue asumido también de forma transitoria por Julio Pérez. Por eso en los contratos con Soluciones de Gestión Olivera estuvo presente. Los relativos a Eurofins Megalab se hicieron ya en la etapa de Conrado Domínguez al frente del SCS. Olivera, además de su cargo en el seno del gabinete presidencial, era la persona de contacto de Torres y del PSOE con el mundo empresarial.

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