Un minigobierno en la nueva Cotmac

Según dicho reglamento, la «comisión autonómica de evaluación ambiental» (CAA) mantendrá como en la Cotmac una presidencia que la ocupará el titular de la Consejería de Política Territorial y reduce de tres a dos vicepresidencias, que coincidirán con quienes estén en las viceconsejerías de Política Territorial y Medio Ambiente.

Como vocales, se reconocen a quienes dirijan la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural, la Viceconsejería de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento, la Viceconsejería de Educación y Universidades, y la Viceconsejería de Presidencia, Justicia e Igualdad. Asimismo, participarán funcionarios de Hacienda, Evaluación Ambiental de planes, programas o proyectos, Turismo, Empleo, Políticas Sociales y Vivienda, Sanidad, Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas, y por último, uno de Turismo, Cultura y Deportes. En relación a la Cotmac, se potencian los cargos políticos a través de las viceconsejerías y se aumenta el número de empleados públicos.

El reglamento obliga a que los representantes de las distintas consejerías «deberán cumplir los mismos los requisitos legales de autonomía, especialización y profesionalidad exigidos a esta clase de órganos por la legislación» relacionada con la materia.

En cuanto a la comisión de informe único (CIU), también estará presidida por quien dirija la consejería y tendrá dos vicepresidencias ocupadas, en este caso, por los directores generales de Política Territorial y Protección de la Naturaleza.

Entre los vocales, no habrá funcionarios, pero sí directores generales de las diez consejerías del Gobierno y del Servicio Jurídico. En cambio, la secretaría del nuevo órgano será un funcionario competente en materia de ordenación territorial, licenciado en Derecho y designado por la presidencia de la comisión.

En cuanto a las competencias, la Ley del Suelo y Espacios Naturales Protegidos recortó la intervención del Gobierno autonómico en materia territorial y medioambiental. Precisamente, ésa ha sido una de las críticas que con más insistencia han hecho los partidos políticos y las organizaciones sociales que se mostraron en contra de la ley, y una de las discordancias entre los que eran por entonces socios de gobierno: Coalición Canaria y Partido Socialista Canario.

Con el reglamento ya a la vista, la CAA se define como un «órgano ambiental que realiza el análisis técnico de los expedientes que requieran de evaluación ambiental y formula las declaraciones estratégicas y de evaluación ambiental de proyectos, y los informes ambientales en el ámbito de las competencias autonómicas». Asimismo, podrá intervenir en el ámbito competencial insular o municipal «en caso de encomienda en virtud de convenio»; la CIU será el «órgano competente para la emisión de informe único en la tramitación de los instrumentos de ordenación establecidos por la legislación aplicable».

El quórum en ambos casos, tanto para constituirse como para votar no cambia respecto a la Cotmac vigente.