Rodríguez: «Es necesario un gran pacto por el futuro de Canarias»

05/04/2020

Román Rodríguez (La Aldea, 1956) advierte de la gravedad del impacto de la crisis sanitaria en las cuentas del sector público, tanto por la caída de ingresos como por el esfuerzo adicional para atender la necesidad urgente de incrementar el gasto sanitario y social. Y urge a un gran acuerdo para que Canarias pueda ver la luz al final del túnel en que se encuentra.

— La primera pregunta se la hago al médico Román Rodríguez y no al político: ¿se le había pasado por la cabeza asistir a una situación como esta?

— No. Estamos viviendo una situación sanitaria sin precedentes, al menos en el último siglo, que tiene una dimensión económica y social incalculable. No sé si hay algún estudioso al que se le pasó por la cabeza pensar en una situación así, pero a mí jamás se me pasó por la cabeza, y menos tener responsabilidades en la dirección de este momento histórico, que es global.

— Ahora se busca con urgencia una vacuna para el virus, ¿pero hay vacuna para el impacto financiero, económico y social?

—Difícil. Las prioridades ahora son el confinamiento, extremar las medidas higiénicas y disponer de los materiales necesarios en los hospitales. También ayudar a los más vulnerables y los más afectados: familias, trabajadores y empresas. Insisto en que el impacto de esta crisis sanitaria en nuestra economía, y en la convivencia en general, es difícil de calcular. El elemento definitorio es la incertidumbre, pero es evidente que la situación es muy comprometida para la economía. Los datos de Canarias son más graves que la media por nuestro sistema productivo, con el 35% del PIB y el 40% del empleo vinculado al sector servicios. Este es un sector que va a estar cerrado tres meses al menos, pero sabemos que su puesta en marcha será lenta y difícil, porque depende no solo de nuestra respuesta sanitaria aquí, sino de lo que pase donde viven nuestros clientes, en los países de origen de nuestro turismo. Por lo tanto, podemos perder este año 2020 entre el 15% y el 20% del PIB y eso significa entre 7.000 y 10.000 millones de 48.000 millones. Estamos hablando de un gran impacto en en empleo, en las empresas y en los ingresos públicos.

—¿Comparte entones el análisis de que, por la condición insular, puede que salgamos antes de la crisis pero que económicamente saldremos más tarde?

— Con toda la prudencia del mundo, se puede decir que el pronóstico sanitario es más esperanzador que la media. Y es así por varios factores, como que los contagios comunitarios fueron más tardíos porque nos cogió ya con el confinamiento, que es un elemento sustancial para contener la epidemia, a lo que se une que la insularidad y la propia climatología pueden ser factores que contribuyan positivamente. Los datos de internamientos hospitalarios, en UCI y de fallecimiento nos hacen tener esperanzas en ese sentido. Pero en la parte económica el impacto turístico será superior a la media por lo que dije, porque nuestra estructura productiva está vinculada a los servicios, y esos servicios no es que estén a medio gas, sino que están a cero. Además, los modos de vida van a modificarse durante cierto tiempo y esto también tendrá impacto.

— Hablemos de la respuesta del sector público a esta crisis, y desde la escala internacional a la doméstica: ¿la Unión Europea ha estado a la altura de la gravedad de la situación?

— Claramente no. No lo estuvo en la anterior crisis y ahora en cierto modo estamos pagando las consecuencias de aquello. Lo digo porque los países del sur de Europa tenemos peor sistema sanitario porque sufrimos unos recortes a los que ahora tenemos que negarnos, y supongo que los que entonces aplicaron esas medidas, ahora están comprendiendo que necesitamos un Estado robusto, con buenos servicios sanitarios y sociales. Los países del sur de Europa, con Francia en ese grupo, están reclamando fondos con capacidad para dar respuesta a la crisis, pero lo que se ha puesto sobre la mesa son cantidades insignificantes en comparación con el impacto real. Hasta ahora se ha hablado de unos 35.000 millones de euros y solo eso es lo que puede perder España de impuestos en un trimestre. La única manera de afrontar esto es permitiendo un endeudamiento amplio masivo o será imposible que las administraciones cumplan no solo con las previsiones, sino con los compromisos previos adquiridos. Los problemas de liquidez no son solo de los ayuntamientos, sino que los tienen los cabildos, el Gobierno de Canarias, el resto de autonomías y el Gobierno de España. De los 210.000 millones de ingresos que tuvo España en 2019 del Impuesto de Socidades, impuestos especiales, IVA e IRPF, creo que se perderá con seguridad el 30%. Y los gastos no serán menores sino mayores, porque los ERTE cuestan dinero, contratar personal para la atención sanitaria y social cuesta dinero, va a costar más dinero... si no hay un endeudamiento amplio, barato y seguro, la economía va a sufrir mucho.

— ¿Y el Gobierno de España está a la altura?

— Comprendo las dificultades de afrontar una situación de la que no hay precedentes, pero ha habido errores en la toma de decisión. Por ejemplo, la centralización de compras en el Ministerio de Sanidad fue un error. ¿Por qué? Porque el Gobierno, con el estado de alarma, se quedó con esa competencia, incluso con la confiscación de material, y cuando fue evidente que no tenía capacidad, ha dejado que las comunidades lo resuelvan por su cuenta y hemos ido tarde a un mercado ya tensionado. Y no es un mercado, sino un mercadeo. Afortunadamente Canarias en esa materia está abriendo una brecha y ya están llegando cantidades significativas de material, con lo que vamos corrigiendo la situación inicial. La distribución de tests y material de protección por el Ministerio de Sanidad se realizó también con criterios más que discutibles. Debieron distribuirse con equidad por población. Respecto al confinamiento, hay opiniones para todos los gustos, y ahora cuando ves lo que hizo China, puedes concluir que a Europa le faltó estudiar mejor lo que allí se hacía para copiarlo. Creo que ha habido errores y una cuestión que me preocupa: ramalazos centralistas. Los decretos leyes debieron consultarse con los territorios, porque aquí ha una tendencia a tomar decisiones sin tener en cuenta la diversidad territorial. Es importante tener presente la diversidad de realidades que hay en el Estado y el alto grado de descentralización. Lo estamos viendo con la salida de la crisis sanitaria. Ahora no toca centrarse ni perder energía en las críticas, pero errores y esos ramalazos lo hemos visto... Otro ejemplo de decisión sin contar con la realidades territoriales lo tenemos en que ahora se quedan con fondos de empleo para financiar los ERTE, pero nosotros necesitamos esos fondos porque antes de esta crisis ya teníamos un 20% de paro.

— Acaba de decir que «ahora no toca» pero ¿qué es lo que no toca: una moción de censura o una cuestión de confianza? ¿O hace falta una especie de Pactos de La Moncloa?

— En el ámbito de Canarias no tengo dudas de que necesitamos un gran pacto por el futuro, por la reconstrucción de Canarias implicando a todos los ámbitos, desde lo institucional a lo social y sectores clave de la economía. Porque el daño no se limita al periodo de alarma, sino que será largo, duradero y doloroso, sobre todo si no conseguimos la solidaridad verdadera de Europa, con esa posibilidad de un endeudamiento amplio y generoso. En el ámbito del Estado también necesitamos ese gran acuerdo. No creo que estemos en una etapa de censuras o confianza, pero sí de exigencias. Yo he exigido a la ministra de Hacienda en dos conferencias sectoriales que suspendan las reglas fiscales; no tiene sentido hablar ahora de déficit; no tiene sentido que no se pueda usar el superávit, y no tiene sentido que no podamos endeudarnos. Somos la comunidad menos endeudada, tenemos un margen suficiente porque somos solventes, pero tendremos problemas de liquidez en los próximos meses si no se transfieren recursos y, en paralelo, siguen cayendo los recursos fiscales. Le doy un dato: en marzo, donde el estado de alarma solo afectó a una quincena, la recaudación del IGIC bajó un 66% en comparación con el mismo mes del año anterior. Esperamos que el Estado mantenga las entregas mensuales a cuenta. Aun así, habrá que reasignar gasto, eso sí, preservando la prioridad de los gastos sanitarios y sociales, de las ayudas a los sectores económicos.

— ¿Vamos a ver regulaciones temporales de empleo también en el sector público?

— No. Vamos a esforzarnos para que no sea necesario. Si algo está quedando de manifiesto en esta crisis es la necesidad de mantener y de potenciar los servicios públicos. La sanidad y los servicios sociales son ahora más fundamentales que nunca y eso se va a intensificar. En Canarias ya hemos contratado a 700 trabajadores más en Sanidad. Pero es evidente que todas las administraciones, ante las tensiones de liquidez, tendremos que reasignar gasto, como ya hacemos en el Gobierno de Canarias, trabajando en el margen de autonomía financiera para la búsqueda de financiación externa por nuestros propios medios. El 82% de nuestro gasto público está vinculado a servicios públicos básicos y esto hay que mantenerlo. Ahora, hasta los más liberales nos piden rentas de ciudadanía, cuando hasta hace unos meses la cuestionaban. Esto refleja la gravedad de la crisis. Todo el mundo mira a lo público y tenemos que responder, pero ante la falta de ingresos, hace falta ese endeudamiento generoso. Esta es la realidad.

— En plena crisis el presidente Torres relevó a la consejera de Sanidad, ¿Compartía usted esa decisión? ¿Fue consensuada con los partidos del pacto ese cambio?

— El presidente tiene la potestad de nombrar y quitar consejeros y si encima son de su partido, pues ni le cuento... Mis opiniones sobre la dirección sanitaria que había ya les expresé en su momento en el seno del Gobierno, pero la sustitución es una decisión del presidente y solo puedo decir que las deliberaciones del Consejo de Gobierno son secretas. Lo que sí digo es que creo que lo que ha hecho el presidente lo ha entendido la sociedad canaria, lo ha entendido al sector y desde luego lo ha entendido sus compañeros de gobierno.

— ¿Tenemos ahora una Sanidad canaria que se guía más por lo que le interesa al sector privado que al público?

— No, no es así. Las reglas de juego de la Sanidad pública y la concertada están en la Ley de Ordenación Sanitaria de 1994 y no vale retorcer los argumentos. Ahora, con el estado de alarma, si había alguna duda, todos los servicios sanitarios están bajo control público para la lucha contra la crisis que estamos viviendo. Por tanto, el mando lo tiene el nuevo consejero con su equipo, con este comité que hemos creado y con la superior dirección del presidente del Gobierno. Estamos intentando garantizar que todos los recursos sanitarios estén a la disposición de ese reto. Me consta que así se está haciendo.

— ¿Se puede decir que este virus no está debilitando al Pacto de las Flores?

—No lo está debilitando. En absoluto. Cuando lo pasas mal, te unes más. Llevamos prácticamente dos meses en reuniones permanentes de Gobierno, y en particular Ángel Víctor Torres y yo pasamos cada días más de doce horas juntos dedicando nuestro mayor esfuerzo a esta crisis. Somos un verdadero equipo. Eso no quiere decir que coincidamos eC n todos los análisis, pero el nivel de cohesión del Gobierno está garantizado. Ahora lo que toca, ante todo, es lamentar la pérdida de vidas humanas y estar al lado de las familias; segundo, pedir disculpas al personal sanitario porque no les pudimos dar en el primer momento todo el material que necesitaban porque se centralizaron las compras y no llegaba; también nuestro máximo agradecimiento por la profesionalidad, entrega y altruismo que les ha caracterizado a pesar de la falta de recursos, sobre todo en las primeras semanas; a los ayuntamientos y cabildos, su reconocimiento por las largas horas de reflexión conjunta que estamos manteniendo, como con los empresarios y sindicatos, y de manera especial a los grupos parlamentarios, a los que agradezco sinceramente su altura de miras. En una crisis como esta no valen los cálculos políticos; quien aproveche para eso se equivoca. Es necesario un gran pacto pacto por el futuro de Canarias con implicación de las fuerzas políticas, las organizaciones sociales y empresariales, y las universidades. Un compromiso de todos para que Madrid se vea obligado a escucharnos, para que remontemos más rápido y con más firmeza. Un desafío histórico de la dimensión que necesitamos tenemos que asumirlo entre todos. El Gobierno de Canarias puede liderarlo, coordinarlo, pero toda la sociedad ha de sentirse implicada para que el reto no solo sea a corto plazo, sino a medio y largo, y el Estado se involucre. Mientras tanto, las administraciones públicas, cada una en el marco de sus competencias, hemos de proteger a los trabajadores, a los autónomos y a las empresas (principalmente las pymes). Hay que hacer un esfuerzo para ayudarlos. La protección de los trabajadores es una competencia estatal. Nosotros, por ejemplo, estamos esforzándonos en ayudar a los autónomos o en ampliar plazos para el pago de tributos.

- Imagine que le suena el teléfono y es Pedro Sánchez el que estáal otro lado y le pregunta qué haría usted en esta crisis. ¿Qué le respondería?

— Creo que él también afronta una etapa en la que jamás debió pensar y es un momento muy complicado, de manera que entiendo que las decisiones son difíciles. Pero hay una cosa que debe tener presente: en las decisiones más comprometidas tiene que hacer partícipes a las comunidades autónomas y a los partidos; no parece razonable que primero tome las decisiones y luego las explique al resto. Sí hay decisiones que le corresponden al Estado y luego las autonomías tenemos nuestro propio margen de decisiones, pero aquí hemos escuchado primero a todo el mundo y luego hemos decidido qué hacer. Tanto él como el resto del Gobierno estatal deben tener en cuenta que Canarias es muy distinta y que necesitamos una respuesta muy diferenciada. Consultar antes de decidir lo hará más fuerte.