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Almudena Sánchez y Santa Cruz de Tenerife
Jueves, 1 de enero 1970
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La Audiencia de Cuentas ha fiscalizado el primer presupuesto que dirigió íntegramente el presidente Fernando Clavijo. En el informe, se expone como muchas de las empresas públicas actuaron en 2016 fuera de control, adoptando decisiones sin la previa autorización del Gobierno que, a lo largo de todo ese año, compartieron Coalición Canaria (CC) y el Partido Socialista Canario (PSC).
En materia de personal, 11 empresas presentaron «gastos superiores a los previstos». Unas lo hicieron en sus presupuestos -Gesplan, Gestur Tenerife, Visocan, ITC, Sodecan y Gestión de Servicios para la Salud y la Seguridad en Canarias (GSC)-, otras en sus planes de viabilidad -Grafcan, Grecasa, Canarias Cultura en Red (CCR), Hecansa y Proexca-.
Otras, como Gestur Tenerife, Visocan, GSC, Grecasa, CCR y Proexca, «sin que hubiesen solicitado la autorización para modificar su presupuesto».
«No se tiene constancia de que se hubieran ajustado en 2016 al límite de la masa salarial para las empresas con nuevas contrataciones o sustituciones», indica la Audiencia, y echa por tierra la mecánica de la selección de personal así como la contratación.
«No se tiene constancia -según el informe, del procedimiento para la selección de 3 trabajadores temporales en Puertos. Por otro lado, el alta de un cargo de responsabilidad tanto en Gestur Tenerife como en Grecasa se efectuó sin contar con la autorización preceptiva ni cumplir con los requisitos de publicidad y concurrencia que deben de seguirse para este procedimiento».
«Lo mismo sucedió para 3 contrataciones efectuadas en Radiotelevisión Autonómica de Canarias -1 en radio y 2 en televisión-, al no garantizarse, en las pruebas de acceso, el cumplimiento los principios de publicidad, concurrencia, igualdad, mérito y capacidad», se apunta en el informe.
Grecasa contrató a 576 personas sobre las cuales a la Audiencia no le consta la acreditación de que hubiera de acudirse a la contratación de personal temporal al no poder realizarse las tareas por el personal fijo de su plantilla».
Por otro lado, de las 16 empresas que modificaron el presupuesto en 2016, únicamente GMR y Proexca lo hicieron con acuerdo de Gobierno. El resto lo «modificaron sin autorización».
El órgano fiscalizador llama la atención sobre el hecho de que los planes de viabilidad para el periodo 2015-2017, suscritos por varias empresas públicas, contemplaban condicionar un porcentaje de las retribuciones variables del personal al cumplimiento de los objetivos, «sin que hasta la fecha se haya avanzado en esta materia».
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