La nueva Ley de Servicios Sociales empieza a funcionar

18/05/2019

El Gobierno ha tardado casi dos meses en publicar el proyecto legislativo desde que el Parlamento lo aprobó. Los diputados canarios tardaron cerca de dos años en reelaborarlo

El Pleno del Parlamento celebró con alborozo la aprobación de la nueva Ley de Servicios Sociales el pasado 26 de marzo pero ésta no ha entrado en vigor hasta hoy, un día después de que el Gobierno de Canarias publicara el texto en el Boletín Oficial de Canarias (BOC).

Entre un acto y otro han transcurrido 51 días, el tiempo que ha necesitado la ley para poder ser aplicada con todas las garantías legales. Aún hoy, algunos candidatos electorales recuerdan cómo el presidente del Gobierno, Fernando Clavijo, anunció en su discurso de investidura que el primer proyecto que iba a poner en marcha era éste.

El documento tardó mucho más de lo previsto en entrar en el Parlamento porque la entonces consejera competente en Servicios Sociales, Patricia Hernández, lo sometió a una participación previa de los sectores vinculados en la materia. Aún así, a la Cámara llegó dos años después del anuncio del presidente, en noviembre de 2017.

Entre esta fecha y la de hoy, los diputados hicieron lo suyo. Tardaron dos años y medio en reelaborarlo hasta que, finalmente, lo aprobaron por unanimidad a pocos días de que se suspendiera la actividad parlamentaria.

Con la ley que empieza ya a tener que ser aplicada, todavía habrá que esperar más respecto de algunos aspectos, el más importante, la aprobación del catálogo de servicios y prestaciones del sistema público.

La consejería que dirige Cristina Valido indicó ayer en un comunicado informativo que «ha quedado constituida la Comisión Técnica Especializada del Consejo General de Servicios Sociales, órgano encargado de elaborar los reglamentos».

La comisión también deberá adoptar un «calendario de trabajo» que ya la norma establece -el catálogo, por ejemplo, debe de estar listo en «seis meses»-. La consejería informa que, «de forma paralela», las diferentes direcciones generales implicadas deberán desarrollar las instrucciones transitorias dirigidas a garantizar el cumplimiento de los derechos reconocidos.

Uno de los caballos de batalla en su tramitación parlamentaria fue asegurar la financiación de los servicios sociales. Así se consiguió poner en la ley que ésta «se llevará a efecto en el plazo máximo de los seis años siguientes a la entrada en vigor, consignándose anualmente en los presupuestos durante ese periodo un incremento de, al menos, 55 millones de euros adicionales».