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Hacienda elude informes en contra de liberar fondos para los alcaldes

Hacienda elude informes en contra de liberar fondos para los alcaldes

El Gobierno autonómico dio el visto bueno a la pretensión de todos los partidos con escaño de eliminar las exigencias legales establecidas en el Fondo de Financiación Municipal y dejar sin control la gestión de 285 millones de euros. Varios departamentos alertan sobre la iniciativa

Miércoles, 15 de julio 2020, 04:10

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Cuando faltaban solo dos meses para que el Parlamento se disolviera, todos los grupos acordaron presentar una proposición de ley que modifica el Fondo de Financiación Municipal, una de las vías que tienen los ayuntamientos para obtener ingresos de la Comunidad Autónoma bajo una serie de condiciones, entre ellas, el saneamiento.

Los partidos presentes en la Cámara pretendieron eliminar el «condicionamiento del 50% del fondo -la cuantía para 2019 supera los 285 millones- a saneamiento o, en su caso, inversión, para destinarlo a una serie de competencias municipales que se consideran de interés regional».

Cuando la iniciativa legislativa llegó al Gobierno, varios viceconsejerías y direcciones generales pusieron reparos. Pese a ello, el Consejo de Gobierno del 1 de marzo manifestó su «criterio favorable» a la tramitación parlamentaria. Al final, la proposición no ha tenido recorrido por no llegar a tiempo de cumplir con el procedimiento.

Entre los informes críticos destaca el que firmó el viceconsejero de Hacienda y Planificación, Javier Armas. Para empezar, considera poco fundamentado el cambio, y se pregunta: «¿aconseja la situación financiera actual de los ayuntamientos renunciar al destino del 50% del fondo a saneamiento?», o «la aplicación de los preceptos sobre estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera «¿son suficientes para coadyuvar al saneamiento?». La conclusión a la que llega es que «es preciso realizar un diagnóstico que fundamente abandonar la pertinencia» de lo que pretenden los grupos.

El viceconsejero llama la atención sobre el hecho de que «los ayuntamientos canarios registraron en 2015 unos derechos reconocidos netos no financieros -ingresos teóricos- por habitante superior al promedio nacional para el conjunto de ayuntamientos de menos de 500.000 habitantes». Por lo tanto, considera «más adecuado que la cesión de recursos se realice ligada al alcance de objetivos y políticas de la Comunidad Autónoma» y no al libre albeldrío de los alcaldes.

Armas recuerda que los ayuntamientos «ya disponen de financiación incondicionada» y cita los recursos del sistema de financiación local, la mitad del Fondo de Financiación Municipal, la participación en los recursos del bloque de financiación -impuestos REF- y la compensación por el extinto ITE.

Por otro lado, añade que la reforma del sistema de financiación autonómica está aún inconclusa; «¿es ahora el momento de revisar el fondo?», induce a una respuesta que, al menos, cuestiona su pertinencia.

A Javier Armas tampoco le convence que la proposición de ley contemple que el 50% del fondo que se pretende liberar vaya a estar destinado a un listado de competencias que se enumeran en la modificación legislativa. La razón es que «la redacción ofrece dudas». Por ello, hace hincapié en que «se debe prever la potestad del Gobierno de Canarias para determinar el destino del fondo».

A todo ello, se añade una advertencia que otros departamentos comparten. Al desbloquear la mitad del fondo, los recursos quedarían afectados por la regla de gasto, lo cual «podría conllevar a que, aquellos ayuntamientos que cumplen con el objetivo de estabilidad, no pudieran aplicar los recursos del fondo en todo o en parte a gastos financieros».

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