El Gobierno tira de los decretos-ley para evitar al Tribunal Constitucional
El Parlamento deberá a toda prisa convalidar las modificaciones de la Ley de Municipios y del Suelo cuando el Ejecutivo las tenía pendientes desde los años 2015 y 2018, respectivamente
Almudena Sánchez y Santa Cruz de Tenerife
Miércoles, 27 de febrero 2019, 00:01
Los primeros decretos-ley de los que el Gobierno ha tenido que echar mano tienen en común modificaciones legislativas que podía haber pedido hace tiempo al Parlamento para que las llevara a cabo.
Ahora, cuando falta un mes para que la Cámara quede disuelta y termine con ella la legislatura, el Ejecutivo pretende evitar vérselas con el Gobierno del Estado en el Tribunal Constitucional a cuenta de la Ley del Suelo y Espacios Naturales Protegidos y de la Ley de Municipios.
Sobre la primera, la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de Canarias, que se reunió el día 11 de abril de 2018 «para analizar las discrepancias surgidas», decidió modificar un conjunto de artículos con el fin de ajustarlos a lo dispuesto en la «legislación estatal aplicable, ya sea como norma básica, ya sea como norma de aplicación plena», según se transcribe en el Boletín Oficial de Canarias (BOC) de ayer.
El Gobierno de Fernando Clavijo considera que «no obstante, respecto al artículo 195 de la mencionada ley, lo acordado requiere realizar las adaptaciones normativas precisas para garantizar la plena adecuación del precepto a la normativa europea y a la legislación básica estatal de aplicación sobre libre competencia y contratación pública. Una operación que, únicamente, puede llevarse a cabo mediante la pertinente modificación legislativa», añade.
En términos similares está enmarcado el cambio puntual de la Ley de Municipios, aunque en este caso, el acuerdo de la comisión bilateral data del 3 de noviembre de 2015.
En concreto, el Gobierno de Canarias se comprometió a modificar el artículo 132 y el apartado 2 de la disposición final cuarta de la citada ley, relativos ambos al pago en especie de los tributos locales, «en el sentido de que la posibilidad de realizar el pago en especie de deudas tributarias locales estuviera prevista, en su caso, en la legislación estatal reguladora de las Haciendas locales», según reza el BOC.
En un caso como en otro, el Ejecutivo autonómico se justifica en la próxima finalización del periodo parlamentario y en «la imperiosa necesidad de ejecutar los acuerdos» alcanzados en las comisiones bilaterales antes mencionadas.
En cuanto al carácter de «urgencia» que exige el Estatuto de Autonomía para los decretos-ley, se alude a varias sentencias del Tribunal Constitucional para concluir que «constituye un instrumento constitucionalmente lícito» y que «concurren las circunstancias de extraordinaria y urgente necesidad» previstas en el artículo 46.
Al Parlamento ahora le toca convalidarlos y, en ese caso, las iniciativas gubernamentales se transformarían en proyectos de ley con tramitación urgente. Sin embargo, todo llega cuando todavía la Cámara no ha adaptado su reglamento, lo cual obliga a la Mesa a decidir el procedimiento.
