El Gobierno no ha podido justificar 428,4 millones en subvenciones

07/12/2018

Múltiples cambios de normativa y de procedimientos para gestionar las ayudas no han impedido que Hacienda siga teniendo problemas para controlar el uso de los recursos públicos.

Las subvenciones que concede el Gobierno de Canarias continúan siendo uno de los agujeros negros de la gestión pública. Más de 428,4 millones de euros hasta el momento se acumulan como ayudas sin haber sido justificadas tal y como exige la Intervención General.

El dato figura en la respuesta que ha dado la Consejería de Hacienda del Ejecutivo a la petición que formuló el diputado del Partido Socialista Canario (PSC), Iñaki Lavandera.

En los documentos, aparecen las cantidades anuales desde 1985. En ese primer año de la lista, la cantidad fue de 9.774,43 euros -hoy convertidos, ya que por aquel entonces todavía existía la peseta-. A 31 de diciembre de 2017, la cifra se dispara hasta los 70.428.938,44 euros y, en lo que se lleva de este año, son 25.009.434,84 euros. Así, en el conjunto del período se alcanzan los 428.412.878,80 euros.

A lo largo de estos 33 años, se observa que los aumentos interanuales superan a las correcciones que hacían disminuir los niveles. El primer gran pico al alza se produce entre 1989 y 1990 con 11.550,52 euros de diferencia. Los aumentos fueron creciendo de cuantía a la par que el saldo final de los años.

En este sentido, destacan los 48,6 millones de subida que se registran dentro del mandato de la consejera de Hacienda, Rosa Dávila; en 2016 las subvenciones sin justificar quedaron en 21,8 millones -tras una bajada en relación al año anterior- mientras que en 2017 han estado en 70,4 millones de euros.

Entre 2009 -20.002.505,57 euros- y 2010 -49.227.631,69 euros-, el aumento también resulta significativo: más de 29 millones.

En cuanto a los intentos para que la tendencia fuera disminuyendo, cabe señalar el registrado entre los años 2003 -8.046.463,24 euros- y 2004 -3.096.501,08 euros- por importe cercano a los cinco millones de euros.

En la información que suministra a Lavandera la Consejería de Hacienda se revelan las múltiples modificaciones normativas, aprobación de decretos y resoluciones que han sido adoptadas a lo largo de los años objeto de la información con el objetivo común de poner freno a los recursos públicos que quedan sin justificar.

En las «consideraciones» que el Gobierno incluye se contempla como en las circulares de la Intervención General de los años 1994 y 1996 se pusieron de manifiesto «el volumen de propuestas de reintegro que se estaban generando» -en 1994 alcanzó los 212.949,22 euros y los 489.604,09 euros en el año 1996-, «las deficiencias y limitaciones que presentaba el Piccac» -el programa informático que recoge la contabilidad- y «debilidad en la coordinación entre las distintas unidades administrativas», entre otras observaciones.