El Gobierno se vuelve a sentar con los interinos para cortar la tensión
Ya se ha convocado de manera oficial la primera mesa de trabajo para identificar a los que están sujetos a abuso de temporalidad
La consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad vuelve a la senda de las negociaciones con los empleados interinos y temporales tras otro mes de tensiones en los que se había dilatado la convocatoria de las mesas de trabajo previstas una vez firmado el acuerdo. Según ha anunciado el propio consejero, Julio Pérez, en comisión parlamentaria, la primera reunión del grupo de identificación y catalogación de personal público en abuso de temporalidad se celebrará este miércoles, aunque aún faltaría fijar la fecha para la convocatoria de la segunda mesa, destinada a buscar fórmulas jurídicas que combatan esta situación desde la Administración.
Con este anuncio, el consejero ha negado ante una pregunta del grupo Nacionalista que se esté demorando el proceso. A su juicio, se han dado los pasos necesarios, incluyendo el informe jurídico que paralizó de abril a junio la firma. «Se hizo como garantía para ambas partes, para determinar exactamente el alcance y no engañar a nadie pensando que iba a incluir la solución final al problema», explicó Pérez.
Desde el comité de huelga ven una clara muestra de voluntad política para resolver el conflicto que «otros agentes han obstaculizado», en referencia a la directora general de Función Pública, que presentó su dimisión. Sin embargo, critican la imprecisión de sus declaraciones sobre la intención de alcanzar la permanencia del personal, ya que se limitó a manifestar que trabajaría en encontrar «una solución genuina» en el marco de la ley.
Pérez también quiso poner en valor la decisión del Gobierno de Canarias de tomar la delantera respecto al conjunto nacional y afirmó que aunque el decreto ley presentado por el exministro de Política Territorial y Función Pública, Miquel Iceta, se mueve en un escenario distinto al del diálogo canario, deja margen de maniobra a las comunidades autónomas. «Echamos en falta algunos asuntos que no están recogidos como el límite de la tasa de reposición, que debería desaparecer o suavizarse, y a la simplificación de los procesos selectivos. Pero, a pesar de esas carencias, abre espacios para que las comunidades autónomas inicien esos procesos de estabilización con arreglo a sus propias normas», añadió el consejero.
LAS CLAVES
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Protestas La huelga de los sindicatos inició desde de enero y ha pasado a cuatro días y una media jornada mensual.
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Acuerdo En junio se firmó un preacuerdo con el Gobierno tras paralizarse dos meses a la espera de un informe jurídico.
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Estabilización Canarias negocia en paralelo al decreto ley de Iceta y reclama permanencia real no estabilización.
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Temporalidad De los 11.000 trabajadores de la Administración general, en torno a 4.000 son interinos o temporales.
El apoyo de CC.OO, UGT y CSIF al acuerdo nacional propició la protesta de los empleados públicos temporales en sendas sedes de las organizaciones sindicales canarias el pasado jueves, ya que lo consideran una «traición» que habilita «un ERE encubierto» en la administración pública. Es por ello que el comité de huelga sigue sigue viendo con recelo que el Gobierno regional abogue por involucrar a estos sindicatos en un espacio de diálogo, a pesar de que garanticen la legitimidad de los convocantes de la huelga. En este sentido, Pérez llamó la atención durante la comisión parlamentaria sobre la necesidad de aunar la diversidad de opiniones preocupado por lo que describió como un hecho «insólito»: la manifestación de unos sindicatos frente a otros. «Creemos que ese clima debe desaparecer y que todos deben sumarse a la solución, cada uno aportando su propia perspectiva», añadió.
Desde el comité insisten en que las negociaciones con la Consejería no deben atender al número de organizaciones involucradas sino al porcentaje de representación que ostentan. «Es extraño que el consejero se sorprende unos hechos propiciados por la Administración de la que forma parte su formación política. Pudo haber sugerido a Iceta que creara esa mesa de dialogo en la que estuvieran presente las organizaciones contrarias a su proceso y no se ha hecho» critican.
El comité de huelga aplaude la dimisión de la directora general
Los sindicatos valoran positivamente la decisión de la directora general de Función Pública del Gobierno de Canarias, Laura Martín, quien dimitió este domingo alegando «falta de respaldo y de sintonía» con el propio consejero Julio Pérez. Según adelantó Canarias Ahora, Martín ya había manifestado su intención de dejar el cargo en abril, cuando se recrudecieron los conflictos con el personal en situación de interinidad de la Comunidad Autónoma, afectado por una sentencia europea que obliga a todas las administraciones a resolver una situación que lleva años enquistada y que les ha mantenido en huelga indefinida desde el mes de enero. El propio comité de huelga pidió entonces el cese de la directora general ,a quien consideran en gran parte responsable de la demora en las negociaciones y un «escollo» en el proceso para alcanzar los acuerdos. Sin embargo, la intervención directa del presidente del Gobierno, Ángel Víctor Torres, la convenció para «aguantar unos meses más».
En este sentido, los sindicatos reconocen que Martín llevaba tiempo «haciendo méritos», ya que más allá de las tensiones internas había tomado decisiones relacionadas con la implantación del modelo del teletrabajo, la carrera profesional o la convocatoria de concursos «prácticamente sin consultar a los afectados». De hecho, insisten en que su actitud en las reuniones no invitaba al diálogo.
Así, aseguran que su marcha supondrá una mayor agilidad en las negociaciones con la Administración y que buena parte de esa predisposición es gracias a las constantes presiones del comité para que el Gobierno tome una posición firme.
También han invitado al consejero a atender sus demandas de forma más cordial, ya que afirman que han echado de menos la presencia de perfiles más afectivos y menos técnicos en las reuniones. Consideran que ha habido la suficiente empatía por parte del Gobierno regional y, precisamente, esta tensión ha sido otra constante que ha impedido los avances con el comité.
