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El consejero de Obras Públicas, Transporte y Vivienda, en una comparecencia realizada en el Parlamento. C7
El Gobierno ultima el pago de las ayudas al alquiler de la vivienda por la pandemia

El Gobierno ultima el pago de las ayudas al alquiler de la vivienda por la pandemia

La consejería que dirige Sebastián Franquis asegura que el abono está al caer después de que el consejero lo anunciara en mayo

CANARIAS7

santa cruz de tenerife.

Miércoles, 30 de septiembre 2020, 01:00

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La Consejería de Obras Públicas, Transportes y Vivienda ultima el procedimiento para poder abonar definitivamente las ayudas a las personas que viven de alquiler y que han visto reducidos sus ingresos a consecuencia de la crisis sanitaria que ha originado la covid-19.

Fuentes de la consejería que dirige Sebastián Franquis calculaban que hoy se publicaría en el Boletín Oficial de Canarias (BOC) pero la complejidad del procedimiento dificulta la resolución del mismo, indicaron. Aún así, dicho trámite se producirá de forma «inminente».

MODIFICACIONES

  • De 5,3 a 12 millones El Gobierno ha ido aumentando la partida presupuestaria y complementándola a la transferida por el Estado

  • De 24 347 a 10.678 trámites. La consejería llegó a recibir 24.347 peticiones pero al final han sido 10.678 los expedientes que han sido analizados.

  • De junio a septiembre Cuando en mayo se abrió el plazo de solicitudes, el consejero confió en que el pago se produciría en breve.

Estas ayudas fueron anunciadas por Franquis en mayo, mes en el que el Gobierno abrió el plazo para presentar las solicitudes. Pero tal fue la avalancha recibida, que el representante gubernamental se vio obligado a cancelar de forma anticipada el plazo, en vez de mantenerlo hasta septiembre, como inicialmente estableció.

Canarias ha sido la comunidad autónoma en la que se ha registrado el mayor número de peticionarios

Igualmente, el presupuesto ha experimentado modificaciones desde que comenzó el programa. Así, inicialmente, la consejería dispuso de 5,3 millones de euros procedentes del Gobierno central, cantidad que ascendió finalmente a los 8 millones al aportar 2,7 millones más el Ejecutivo autonómico. Sin embargo, un mes después, Franquis pudo volver a aumentar la partida con fondos propios en otros 4 millones de euros hasta finalizar en los 12 millones. El objetivo fue, dijo, «alcanzar al máximo de beneficiarios posibles».

El número de solicitantes que desde el principio optaron a acogerse a la ayuda ha sido tan elevado que han situado a Canarias como la comunidad autónoma que ha registrado el mayor número de peticiones.

Hasta el 5 de junio, la Consejería de Obras Públicas, Transportes y Vivienda había recibido 23.362 solicitudes. Fue precisamente el día en que se decidió «suspender temporalmente la recepción hasta determinar si el crédito consignado es suficiente para atender a esta amplia demanda», se explicó.

Peticiones

Pese al incremento presupuestario y a que el propósito del consejero de que estas ayudas llegaran al máximo número posible de personas -se llegaron a registrar 24.347 peticiones-, al final son 10.678 los expedientes que han entrado en la valoración que ha hecho la consejería.

Franquis indicó que su intención era la de empezar a abonar la ayuda en septiembre aunque destacó que el procedimiento administrativo que requiere la tramitación de esta prestación está resultando «engorroso».

Para agilizar el trámite, la consejería tuvo que sacar adelante un programa informático que permite volcar los datos de los solicitantes, además de tener que contratar a 18 personas.

Cabe recordar que el programa atiende a las personas físicas arrendatarios de vivienda habitual que, como consecuencia de la crisis del coronavirus, haya pasado a estar en desempleo, inmerso en un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE), o haya reducido su jornada por motivos de cuidados, en caso de ser empresario, u otras circunstancias similares, les haya supuesto una pérdida «sustancial» de sus ingresos.

La unidad familiar no debe ingresar más de 1.613 euros brutos al mes y el importe del alquiler más los gastos de los suministros no podrá superar el 35% de los ingresos familiares.

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