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El consejero de Transición Ecológica del Gobierno de Canarias, Mariano Hernández Zapata, cuenta ya con el respaldo del Estado, aunque por ahora de forma verbal, para implementar en las islas las medidas de emergencia necesarias para cubrir el déficit energético del archipiélago y evitar el «claro riesgo» que existe de que las islas de Gran Canaria y Tenerife sufran un apagón similar al que vivió La Gomera durante tres días a finales de julio.
Según indicó ayer Hernández Zapata tras mantener un encuentro con la Federación Canaria de Islas (Fecai) sobre este asunto, tras dos meses de reuniones y seis encuentros con la Scretaría de Estado de Energía las dos partes han logrado alcanzar un acuerdo para instalar con urgencia grupos de generación que cubran el actual déficit de 200 megavatios: 110 en la isla de Gran Canaria y 75 en la de Tenerife y que se generó tras tener que cerrar Endesa cuatro grupos de generación en 2021 al no poder cumplir las restricciones ambientales de la UE, como quedó claro en el informe elaborado por REE.
Declaración El consejero de Transición Ecológica confía en llevar al consejo del 2 de octubre la declaración de emergencia.
Cabildos Para ello, Zapata mantuvo ayer un encuentro con la Fecai para conocer las propuestas de los cabildos.
Definido El documento quedó ayer prácticamente ultimado y dejará claro la situación crítica de las islas.
Línea El texto recoge la línea de trabajo a seguir para garantizar el suministro eléctrico en Canarias ydesarrollar renovables.
Con el objetivo de ganar tiempo, tal y como indicó ayer Hernández Zapata, el Gobierno de Canarias trabaja ya en una convocatoria para que todos los operadores del sistema eléctrico puedan participar en la instalación de los nuevos grupos de generación por esos 200 MW. Según señaló, en las próximas semanas se publicarán en la web del Gobierno una propuesta para que todas las compañías eléctricas intereadas -incluida Endesa- puedan participar. Éstas tendrán que hacer sus ofertas en cuanto a tarifas y ubicaciones, así como las soluciones de combustible que ofrecen, abriendo el mercado a más operadores. El Estado correrá con los gastos.
En este sentido, Hernández Zapata indicó que el objetivo del Gobierno es que en estas soluciones de generación destinadas a cubrir la emergencia se prime a las energías más limpias y respetuosas con el medio ambiente. «Esperamos que en estas soluciones de emergencia se puedan usar combustibles mas respetuosos con el medio ambiente y en la medida en la que se puede que no se queme fueloil», manifestó.
Respecto a los combustibles alternativos, Hernández Zapata se refirió al gas, «que no se descarta» aunque, como señaló, se tendrá en cuenta las especificidades de cada isla. Con este guiño se refería a la isla de Gran Canaria, cuyo Cabildo ha dejado claro el 'no' a las regasificadoras.
Como apuntó ayer el consejero de Medio Ambiente del Cabildo de Gran Canaria, Raúl García Brink, la institución se opone a la instalación de regasificadoras y de miles de tubos que recorran la isla. Sin embargo, aceptaría el uso del gas como combustible más limpio en las centrales térmicas actuales y su suministro con buques gaseros y siempre sustituyendo a combustibles más contaminantes.
El Estado también ha dado el visto bueno a la convocatoria «cuanto antes» de un concurso para la renovación del sistema energético de Canarias. Este concurso se ha retrasado más de diez años y es vital para que de aquí a 2028 se puedan instalar en las islas en torno a 1.500 megavatios de potencia, que se considera ajustada a la demanda futura.
En este sentido, Hernández Zapata indicó que el Gobierno de Canarias ya ha presentado las alegaciones oportunas y está a la espera de que la Secretaría de Estado de Energía diga «esta misma semana» qué acuerdos toma de lo propuesto por las islas. Más tiempo llevará la modificación de la ley del año 2013 y que busca exceptuar a las islas. «Estamos avanzando y buscando soluciones a la situación crítica de Canarias», manifestó.
Hernández Zapata destacó que en dos meses ha conseguido avanzar en soluciones más que el anterior Gobierno en cuatro años, del que apuntó que solo «se había carteado» con el Estado para hablar sobre este asunto con el resultado de «poca o ninguna solución.
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