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El personal público, que lleva tres días de paro este mes, volvió a salir ayer a la calle a nivel nacional. Arcadio Suárez

El Gobierno prevé convocar la mesa de los interinos la próxima semana

Los problemas de agenda han retrasado meses la reunión de trabajo con los empleados públicos, que amenazan con judicializar el conflicto

Ingrid Ortiz Viera

Las Palmas de Gran Canaria

Viernes, 29 de octubre 2021, 01:00

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La Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad que dirige Julio Pérez ya ha dado respuesta a la solicitud de los funcionarios para convocar la segunda mesa de trabajo después de que «problemas de agenda» hayan retrasado la fecha durante meses. A pesar de que no concreta día y hora, sí asegura que será durante la próxima semana.

El comité de huelga había elevado la presión a principios de mes al querer forzar la convocatoria, cansado del mutismo del Gobierno, que solo se ha reunido una vez con sendas mesas: la primera, encargada de elaborar un listado actualizado con fecha de corte anterior a diciembre de 2020, siguiendo la línea del decreto presentado por el exministro Miquel Iceta; la segunda, destinada a buscar fórmulas jurídicas que combatan el fraude de ley.

Precisamente, los empleados públicos e interinos aseguran haber trasladado «una propuesta definitiva que da una solución jurídica legal y garantista para lograr la permanencia de todo el personal en abuso de temporalidad». Una iniciativa a la que el Gobierno prevé dar respuesta en esa misma convocatoria.

La noticia supone un nuevo avance en la negociación, ya que desde el punto de vista de los afectados se estaba produciendo un bloqueo al derecho de negociación y pretenden judicializar la causa para forzar el cumplimiento de lo referido en el acuerdo que se firmó en junio. Ya entonces habían paralizado la rúbrica dos meses a la espera de un informe jurídico y tanto la dimisión de la anterior directora general como la inactividad administrativa en agosto o la erupción del volcán en La Palma han ido dilatando el conflicto. El comité de huelga lo interpreta como una estrategia de la Administración, que espera que se alcance una resolución en Madrid, cuyos representantes y sindicatos no responden a los intereses canarios.

Así, no descartan introducir la figura de un administrador de mutuo acuerdo que medie entre ambas partes y establezca un calendario que no deje las futuras reuniones a la improvisación. Desde la Consejería apuntan que la vía legal es una opción legítima si el comité finalmente desea abordarla, aunque aseguran que están haciendo lo posible por llevar a buen puerto la negociación.

En la jornada de ayer los empleados públicos e interinos volvieron a salir a la calle tras tres días de paro en sendas manifestaciones que se desarrollaron tanto en Santa Cruz de Tenerife como en Las Palmas de Gran Canaria -coincidiendo con la convocatoria a nivel estatal- para reclamar la permanencia real de los afectados por el fraude de ley. En la actualidad, calculan que más del 39% de las administraciones públicas del archipiélago se mantienen con personal público no fijo, alcanzando la cifra de casi 50.000 trabajadores. La precariedad laboral a la que se enfrenta el sector se remonta a hace más de 25 años, aseguran, debido a «una mala gestión de los distintos partidos políticos que han gobernado» en Canarias.

Por otro lado, Europa lleva tiempo avisando a España de posibles sanciones por el incumplimiento en la rebaja de las tasas de temporalidad, que el Gobierno de Sánchez busca limitar al 8% en tres años. Un objetivo «utópico», según el comité de huelga, ya que el número de jubilaciones -la mayoría del personal público supera los cincuenta años- y el nombramiento de nuevas interinidades para gestionar los fondos europeos, por ejemplo, supondrán un incremento de la tasa. Entre los puntos calientes del conflicto están, también, la convocatoria de los procesos de estabilización o la categoría de personal pública a extinguir.

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