El Gobierno destina 100 millones a comprar y rehabilitar edificios públicos
El Consejo decidió ayer el alquiler con opción a compra del inmueble Urbis y la subasta de una propiedad en Madrid
Con el objetivo de ir eliminando alquileres y mejorar las instalaciones de la comunidad autónoma, la Dirección General de Patrimonio ha emprendido en esta legislatura la compra y rehabilitación de edificios que conllevan una inversión de casi 100 millones.
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Estas actuaciones están financiadas con fondos propios así como del programa de impulso a la rehabilitación de edificios públicos de los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) de la UE.
La última de estas operaciones fue aprobada ayer por el Consejo de Gobierno: el alquiler con opción a compra a 10 años del edificio Urbis en Las Palmas de Gran Canaria por 13,5 millones.
La intención es ampliar las instalaciones del CECOES y Gestión Sanitaria de Canarias (GSC), además de ubicar algunos servicios de la Consejería de Economía, tal como señaló en rueda de prensa el consejero de Administraciones Públicas y portavoz del Ejecutivo, Julio Pérez.
Explicó que este arrendamiento directo y sin concurso público -una fórmula que también se ha usado en la compra de algunos inmuebles- está previsto en las leyes de patrimonio cuando los precios se adecuan a la tasación.
Compra inmediata
Además, Patrimonio está llevando a cabo los trámites para la adquisición inmediata del edificio Auditorio en Santa Cruz de Tenerife, destinado a reubicar 17 órganos judiciales.
Esta compra, aún en fase de negociación, ascendería a 22 millones -a pagar en cinco años-, a los que habría que sumar otros 10 millones para el acabado interior de este inmueble de 13.000 metros cuadrados.
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Ya el año pasado, el Gobierno de Canarias adquirió el edificio 3 de Mayo, también en Santa Cruz de Tenerife, utilizado por varias consejerías y que se encontraba en alquiler por casi 3,4 millones de anuales.
Este edificio, adquirido al Ayuntamiento de Santa Cruz por 31,2 millones, pertenecía a Antonio Plasencia y se incorporó al patrimonio de la capital tinerfeña como parte de la recuperación del dinero de la compraventa de Las Teresitas.
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También en 2022, en este caso en Las Palmas de Gran Canaria, la comunidad autónoma compró el edificio Óvalum, asignado a la Consejería de Derechos Sociales, que es la encargada de acometer su adaptación final.
La previsión es mudarse entre este mes y el próximo. Por este inmueble, que ya había sido utilizado años atrás por el propio Ejecutivo, se abonaron 4,7 millones.
Rehabilitación
La Dirección General de Patrimonio también tiene previsto rehabilitar dos edificios propiedad del Gobierno, que se encuentran abandonados desde hace más de diez años y cuyo proceso tendrá un coste total de 13 millones.
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Uno es la antigua sede de Hacienda en Santa Cruz, que ya fue sacado a subasta, pero quedó desierta. En Gran Canaria, se rehabilitará por seis millones de euros el anexo del viejo Palacio de Justicia, que se encuentra abandonado desde que se inauguró la ciudad de la Justicia.
Además de estas operaciones de compra, el Consejo de Gobierno de Canarias decidió ayer sacar a subasta un inmueble que tiene en Madrid por casi dos millones de euros «después de un trámite complejo», aseguró el portavoz, Julio Pérez.
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