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La Dirección General de Patrimonio de la Consejería de Hacienda ha iniciado el expediente para la compra de un nuevo inmueble administrativo en las Palmas de Gran Canaria así como ocho plazas de garaje. Se trata del edificio Ovalum, cuya adquisición supondrá un desembolso de 4,7 millones de euros en una transacción directa y sin mediar concurso, una fórmula que permite la Ley de Patrimonio canaria.
La norma señala que las compras deben llevarse a cabo mediante concurso público salvo que el consejero de Hacienda acuerde la adquisición directa por las «peculiares necesidades, las condiciones del mercado inmobiliario, la urgencia de la adquisición o la especial idoneidad del bien».
La intención del Gobierno es ubicar en este inmueble las dependencias de la Dirección General de Seguridad y Emergencias, actualmente instaladas en un edificio propiedad de la administraciones regional y «cuyas condiciones ambientales y de habitabilidad incumplen la normativa vigente», según recoge la orden del consejero que permite esta operación.
En las previsiones del Plan Director de Edificios Administrativos se contempla la necesidad de disponer de nuevas infraestructuras que permitan ampliar el espacio de uso administrativo con el objetivo de hacer frente al crecimiento de los servicios públicos y concentrar en la misma zona la prestación de los mismos.
El informe apunta que se han tenido en cuenta siete edificios en la capital grancanaria que, por su ubicación y superficie, podrían ser aptos para implantar oficinas de la administración autonómica.
Sin embargo, se ha «constatado que el Ovalum es el único que reúne las condiciones óptimas para el destino previsto», entre las que se valoran su superficie, la localización «muy favorable» por su proximidad a los edificios de Servicios Múltiples I y II, su estado de conservación y mantenimiento, que permiten una mudanza inmediata sin necesidad de realizar obras de rehabilitación o reforma, además de sus condiciones de luz natural y ventilación, además de estar en esquina con tres fachadas «y amplias vistas a espacios libres».
Además de este caso, que se produce por el deterioro de las actuales instalaciones de la Dirección General de Seguridad y Emergencias, la comunidad autónoma ha establecido una línea de actuación encaminada a reducir los alquileres que paga por las dependencias en las que se prestan los servicios públicos.
Así, la Consejería de Hacienda ha iniciado el proceso para rehabilitar dos edificios desocupados para darles uso administrativo. El proceso de mejora de ambos inmuebles tiene un coste total de 13 millones, cuya mayor parte ya se encuentra recogida en los presupuestos regionales para 2022. Estos centros se destinarán a usos múltiples para ser utilizados por distintas consejerías.
Uno de los edificios se encuentra en la plaza de Santo Domingo de Santa Cruz de Tenerife. Es la antigua sede de Hacienda, un inmueble abandonado de ocho plantas que ya se intentó vender y fue sacado a subasta, pero quedó desierta. En el presupuesto dispone de cuatro millones aunque el coste final será de siete millones, según Patrimonio.
En el caso de Gran Canaria, se rehabilitará por seis millones el anexo del viejo Palacio de Justicia, abandonado desde que se inauguró la ciudad de La Justicia.
Asimismo, Patrimonio optó por la compra del edificio de la Avenida Tres de Mayo de Santa Cruz, donde se ubican Educación y otros servicios, y por el que se pagan 3,5 millones de alquiler al año. El edificio está tasado en 46 millones y el Gobierno ya ha pagado en concepto de renta 55 millones de euros.
Una vez estén en funcionamiento estos espacios, lo que restan son «pequeñas rentas» porque la Agencia Tributaria ya dispone también de un edificio propio en Gran Canaria.
El edificio Ovalum ya fue ocupado por el Gobierno de Canarias en régimen de alquiler. Ocurrió hace tres legislaturas y sus instalaciones fueron utilizadas por la Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, entonces dirigida por José Miguel Ruano, de Coalición Canaria (CC).
El despacho quedó bajo el foco y con cierta polémica después de que el citado departamento del Ejecutivo regional iniciara la mudanza desde este inmueble a Usos Múltiples, siguiendo la consigna del Gobierno de reducir los alquileres en la estructura administrativa de la comunidad autónoma.
El motivo fue que entre los enseres desalojados se encontraba una ducha con hidromasaje que estaba instalada en el despacho del consejero. José Miguel Ruano aseguró que el mobiliario ya se encontraba en el edificio cuando accedió al cargo y llegó a su despacho en Las Palmas de Gran Canaria, y que además nunca la había utilizado.
Según explicó entonces, la citada ducha había sido adquirida por una decisión adoptada por parte de la Dirección General de Patrimonio, que entonces estaba en manos de Paulino Monstesdeoca (PP).
Además, los representantes sindicales de los empleados públicos, que se enfrentaban en aquel momento a recortes salariales y al control del gasto corriente en sus departamentos, pusieron el grito en el cielo al encontrarse igualmente con mobiliario de diseño -con sillas cuyo precio alcanzaba los 1.100 euros la unidad-, un office con placa de vitrocerámica, microondas y nevera, según revelaron en aquel momento.
La ducha de hidromasaje acabó en un garaje de usos múltiples que servía de almacén.
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