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El Gobierno canario tutela a más de 2.400 menores inmigrantes no acompañados. En la imagen de archivo, un menor que llegó a Lanzarote. EFE
El Gobierno canario «blinda» el uso de hoteles para menores inmigrantes

El Gobierno canario «blinda» el uso de hoteles para menores inmigrantes

Derechos Sociales insiste en que la «amenaza» de Onalia Bueno para desalojar las espacios turísticos no tiene recorrido jurídico ni ético

B. HERNÁNDEZ

Las Palmas de Gran Canaria

Martes, 5 de enero 2021, 00:00

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El Gobierno de Canarias ha aprobado un decreto en el que «blinda» el uso de establecimientos hoteleros como recurso de acogida para los menores inmigrantes no acompañados, frente a la decisión del Ayuntamiento de Mogán que insta a su desalojo y advierte a los empresarios que, de no hacerlo, serán sancionados.

La iniciativa, aprobada por el Consejo de Gobierno el pasado día 23 de diciembre y publicado en el Boletín Oficial de la comunidad autónoma (BOC) el 28, recoge que «en caso de excepcional llegadas» de menores no acompañados, se podrán habilitar todos los recursos para alojar dignamente a estos jóvenes, desde albergues, apartamentos u hoteles. Por tanto, según la viceconsejera de Derechos Sociales, Gemma Martínez, «los niños se quedarán en estas instalaciones hasta que no se encuentren unos mejores» porque «somos conscientes de que no son los ideales, pero no tenemos otros», dice.

Martínez considera además que la «amenaza» de la alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, «no tiene recorrido ético, porque se trata de niños, ni jurídico». En este sentido, rebate la posición que mantiene el Ayuntamiento sureño cuando alude a la Ley del Suelo para indicar que se utilizan los hoteles con un destino diferente al que fueron habilitados. Según la viceconsejera, «no es cierto que se haya cambiado el uso los hoteles, ya que están acogiendo personas de forma temporal». Otra cosa, agrega, «es que se convirtiera en una situación estructural, pero esa no es la intención del Gobierno de Canarias». Insiste en que los contratos firmados con los hoteles para acoger menores «no superan el año y este tiempo no es un cambio de uso estructural desde el punto de vista jurídico».

Asimismo, apunta que el decreto ley «no solo es posterior a la ley del Suelo, sino que son normas de igual rango jurídico» y, señala la viceconsejera de Derechos Sociales, «nos ampara el Estatuto de Autonomía que dice que los menores deben ser tratados con dignidad».

A su juicio, la actitud adoptada por el Ayuntamiento de Mogán, cuya Policía Local inició ayer las inspecciones para certificar que los hoteles siguen acogiendo inmigrantes y, según las autoridades municipales, haciendo un uso indebido de estas instalaciones, es para «llamar la atención».

Martínez reitera que la obligación del Gobierno de Canarias es acoger a los menores que llegan solos a las islas de manera digna «y si es necesario utilizar los hoteles, previo pago, pues se hará hasta que encontremos otros recursos». Indica al respecto que «cuando los encontremos, iremos vaciando los hoteles, eso lo tenemos claro, pero ahora mismo no los podemos mover».

Canarias tutela en estos momentos a más de 2.400 menores no acompañados en la comunidad autónoma, de los que en torno a 500 están acogidos por los cabildos mediante convenios. Otros 500 se hallan en tres complejos hoteleros del sur de Gran Canaria.

Gemma Martínez explica que durante la crisis de los cayucos, en Canarias se abrieron instalaciones para la acogida de menores pero posteriormente fueron «abandonadas y a día de hoy no existen», por lo que el Gobierno se ha visto en la obligación de buscar acogida de manera urgente «porque son niños canarios a todos los efectos». Esta circunstancia ha obligado a abrir 23 espacios de emergencia en lo que va de año, la mayor parte en Gran Canaria, que finalmente han resultado insuficientes, por lo que se recurrió a los hoteles.

A juicio de la viceconsejera, a los hoteleros «les interesan estos contratos porque en estos momentos no hay turismo y esta fórmula les permite mantener las instalaciones abiertas y mantener el empleo». Desde la Consejería, dice, se insiste en que se trate con distribuidores locales para generar economía en la zona.

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