Función Pública avanza en las negociaciónes con los interinos

La primera toma de contacto entre el Gobierno de Canarias y los empleados públicos de la Comunidad Autónoma ha sido positiva. Así lo han asegurado ambas partes después celebrar ayer una reunión en la que estuvo presente el viceconsejero de Administraciones Públicas, Manuel Martínez, con la mesa de trabajo convocada para identificar a las personas que llevan más de tres años en situación de temporalidad.

El comité de huelga adelantó que el primer objetivo es tener un listado actualizado con fecha de corte anterior al 31 diciembre de 2020, siguiendo la línea del decreto presentado por el exministro Miquel Iceta, aunque parten del que ya manejaba Función Pública hasta diciembre de 2014.

«Todos hemos mostrado nuestra disposición para agilizar el trabajo», afirmó Martín, aunque el Ejecutivo aún no ha puesto fecha para la segunda mesa destinada a buscar fórmulas jurídicas que combatan el abuso de temporalidad en la Administración. Sí han acordado, en cambio, una segunda reunión la próxima semana y no descartan una tercera en agosto para intentar no demorar mucho más el proceso. En ella, cuentan desde el comité, tratarán de definir los criterios necesarios para elaborar la lista.

«Se han visto los primeros frutos de la presión y las movilizaciones que hemos hecho durante estos ocho meses de huelga, que se dice pronto», afirma manuel González, portavoz del comité, quien animó a los interinos a continuar con los paros porque «aún queda tela por tejer».

En este sentido, aseguran que siguen negociando en la línea de conseguir la permanencia, una postura distinta a la que observan en Madrid con la convalidación del real decreto ley de medidas urgentes para reducir la temporalidad en el empleo público y que se tramitará como proyecto de ley. «Nada de esto cambia los planes que tenemos en Canarias —explica— pero hay que ver cómo avanza, porque una de las cláusulas que firmamos en el acuerdo con el Gobierno estipula que cualquier modificación normativa o jurisprudencial que nos beneficie la aplicaremos aquí, no vamos a quedarnos fuera».

El comité de huelga no ve un avance suficiente en la lucha contra el abuso de temporalidad y señalan que la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, trabaja en la línea de Iceta sobre los procesos de estabilización. Una estrategia, en cualquier caso, potestativa, por lo que la Administración tendría la opción de decidir si llevarlos o no a cabo. También mantiene el concepto indemizatorio, algo que ya han denunciado que no compensa al personal abusado que lleva años en su puesto de trabajo, como tampoco lo ven viable económicamente para la comunidad autónoma, teniendo en cuenta el alto porcentaje de empleados públicos temporales en Canarias. A esto se añade lo que consideran un nuevo «criterio discriminatorio» poniendo el corte de al menos diez años para que los interinos puedan quedar exentos de presentarse a oposición.

A juicio del comité, hay «demasiados flecos», por lo que tanto Podemos como ERC deberían haber mantenido su posición contraria al decreto y haber abogado por la tramitación de un proyecto de ley desde cero siguiendo lo dictado por Bruselas, que reconoció en una sentencia que un proceso de estabilización no viene a resolver el abuso de temporalidad. «Lo más fácil y a coste cero hubiera sido crear la categoría de empleado público a extinguir», asegura González. Con ello se daría estabilidad a los temporales hasta su jubilación y se podría denominar personal estabilizado con carácter indefinido. «La mayoría de los afectados son personas con cierta edad que se irían jubilando, por lo que con esta fórmula se daría una solución apropiada que eliminaría la incertidumbre y se estabilizaría todo poco a poco», concluye.