Función Pública afirma que Bruselas ratifica su postura sobre los temporales

El punto de vista de la administración, tal como señaló la directora de Función Pública, Laura Martín, es que Europa «ratifica» la postura del Gobierno de Canarias para resolver la situación de temporalidad de los empleados públicos mediante la aprobación de oferta de empleo público de estabilización y consolidación, además de abrir mesas de negociación sobre las bases que han de regir la celebración de esos procesos.

Apunta Martín que Europa ya lleva tiempo avisando a España de posibles sanciones por el incumplimiento en la rebaja de las tasas de temporalidad, aunque se ganó tiempo primero esperando la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y posteriormente por la pandemia. Reitera que la única forma de hacerlo es aprobando las OPE de consolidación y estabilización. A juicio de la directora general, el tribunal europeo «dice que no se puede mantener el nivel de temporalidad, pero no da la fijeza automática ni convierte a los temporales en fijos de manera automática» por lo que, apunta, «volvemos a la casilla de salida, hacer OPE y convocar los procesos para reducir la tasa de temporalidad».

En el lado opuesto, el dirigente de Intersindical Canaria y miembro del comité de huelga, Rafael Rodríguez, afirma que «rebajar la temporalidad no tiene nada que ver ni significa la necesidad de convocar una OPE» e insiste en que a pesar de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea «se sigue estimulando la contratación de interinos». Considera que la posición de la UE ha sido «un basta ya al Gobierno de España, y por tanto a las comunidades autónomas, para que cambien su forma de proceder» y den una salida al abuso de temporalidad en la que se encuentran «miles de trabajadores que llevan más de veinte años trabajando en la administración pública». Las vías para solucionarlo, agrega Rodríguez, son dos: «a favor de los trabajadores y de su permanencia y que las comunidades autónomas no sigan con los contratos abusivos».

Por su parte, el portavoz de la Plataforma de Empleados Públicos en Fraude de Ley (Pefralca), Miguel Quintero, indice en que hay servicios con unos niveles de temporalidad «escandalosos», pero más allá de eso, el problema dice, es el abuso de temporalidad sobre personas que ven lesionados sus derechos a la estabilidad durante décadas.

La acusación de CC OO, UGT y CSIF señalando a los sindicatos convocantes de la huelga de temporales e interinos como causantes de la paralización de la negociación colectiva de los empleados públicos ha tenido una rápida respuesta por parte de Sepca e Intersindical Canaria (IC).

Estas dos organizaciones califican de «vergonzoso» que los sindicatos «minoritarios» en la representación de los trabajadores en la comunidad autónoma «salgan en la defensa de la administración para tapar su incompetencia».

Igualmente, califican de «vergonzoso» que justifiquen su falta de acción sindical en la «legitima actuación» del comité de huelga «que reivindica y defiende lo que ellos no han hecho».

Por su parte, la directora general de Función Pública, Laura Martín, indicó que la Consejería de Administraciones Públicas recibió ayer un escrito de CC OO, UGT y CSIF instándole a convocar las mesas de negociación porque hay asuntos de interés para los trabajadores públicos, como el teletrabajo, trienios o carrera profesional, que están paralizados, una posición que a Martín le parece correcta. En este sentido, señaló que seguirán convocando estas mesas de negociación y «en algún momento, se hablará de ofertas de empleo público si antes no llega una propuesta del comité de huelga, porque el bloqueo per se no se puede mantener».