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INGRID ORTIZ
Las Palmas de Gran Canaria
Lunes, 15 de febrero 2021
Las islas continúan al límite de sus recursos para dar respuesta al fenómeno migratorio y el tono de las quejas hacia la gestión del Estado va in crescendo. Tras el ultimátum manifestado durante el fin de semana por Alpidio Armas, presidente del Cabildo de El Hierro, sobre la necesidad del realojo «urgente» de los inmigrantes y de agilizar el proceso de derivaciones, la última isla en alzar la voz ha sido Fuerteventura.
El responsable de la Misión Cristiana Moderna, el padre Ángel, asegura que la situación en la isla es «desbordante» y lo peor es que no ve una solución en el horizonte cercano. A su juicio, el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) en El Matorral, cuya apertura como centro de acogida humanitaria sigue retrasándose, no es viable a largo plazo. Una opinión que comparten otras ONG, que critican el «trato carcelario» que se les da en dichos centros y la falta de asesoramiento legal. «Actualmente tenemos unas 600 personas en la isla y el centro tiene 700 plazas alojativas que atenderá Cruz Roja, por lo que ya está al límite sin haberse abierto aún y sin contar con las futuras pateras que seguirán llegando», indica al otro lado del teléfono. Su iglesia se encuentra atendiendo las demandas de alrededor de 350 personas y 204 permanecen en cuarentena al considerarse contactos estrechos de alguno de los casos importados de covid. Una gestión complicada debido a los protocolos, aunque asegura el páter que «lo llevan bien». El problema es, de nuevo, que la nave donde permanecen «está a tope» y temen perder el control de la situación. «Lo que demandamos son espacios para acoger con dignidad a estas personas, pero que no se los lleven a hoteles», clama el padre Ángel.
«Está habiendo un contraste grande entre los que se hospedan en los establecimientos turísticos y el resto, y ahora habrá más porque son los primeros quienes pasarán de vivir en unascondiciones determinadas a unas carpas en El Matorral. La cosa con ellos se pone terrible», explica.
El uso del CIE como espacio alojativo se remonta a la crisis de los cayucos de hace quince años, cuando las autoridades gubernamentales buscaron opciones para una respuesta inmediata similar a la situación actual. Su función se resintió en 2012 y permaneció no sin polémica cerrado desde 2018, hasta la noticia de su actual rehabilitación. Sin embargo, colectivos ciudadanos y otras ONG como la Asociación Socio-Cultural Entremares han manifestado que el foco debe centrarse en una mayor capacidad de las instituciones para coordinarse con Administración del Estado.
A ello se suma la creciente crispación de la población de El Matorral, apenas 400 personas que ven con preocupación un posible «colapso» de los recursos por casi el doble de inmigrantes que pasarán a ser sus vecinos. «Es una situación que no han contemplado. La gente sabe que al único lugar al que pueden ir cuando salen es a ese pueblo pequeño y les general rechazo».
Del otro lado se encuentran los propios acogidos en las instalaciones temporales. El padre Ángel asegura que están «nerviosos» y que la mayoría quiere irse a la península o a Europa en busca de sus familiares y de trabajo. «Lo que demandan es un tránsito que se les niega ni con pasaporte ni con salvoconducto del consulado. La política migratoria es un sinsentido», sentencia.
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