Frontera marítima: ¿doble rasero?

21/02/2020

El Gobierno español defiende el derecho de Marruecos a delimitar por ley sus aguas, que podrían solaparse con las de Canarias, pero rechaza la decisión unilateral adoptada por Argelia porque afecta al mar de la isla balear de Cabrera

Apenas unas horas después de defender ante el pleno del Congreso que Marruecos está en su legítimo derecho de delimitar por ley sus espacios marítimos para solventar luego por la vía del diálogo cualquier posible solapamiento de las aguas canarias, la ministra de Exteriores, Arancha González Laya, expresó su rechazó a la decisión de Argelia de ampliar unilateralmente su Zona Económica Exclusiva (ZEE) porque invade parte de las aguas de la isla balear de Cabrera.

La reacción del Gobierno de España ante los conflictos de soberanía marítima surgidos en el plazo de pocas semanas con los dos países africanos está siendo diametralmente opuesta: comprensión y tolerancia con el proceso abierto por Marruecos y respuesta firme de no aceptación ante el decreto aprobado por Argelia.

El Ejecutivo niega sin embargo que esté aplicando una doble vara de medir a la hora de valorar uno y otro caso en función de cualquier otro interés estratégico ajeno a los límites fronterizos. Se trata, asegura la titular de Exteriores, de dos situaciones distintas, porque mientras Marruecos por el momento solo ha expresado por la vía legislativa su voluntad de delimitar sus espacios marítimos -los dos proyectos de ley que están a punto de culminar su trámite parlamentario no especifican las áreas a las que afectaría la expansión-, Argelia ha ido más allá y sí ha establecido ya una delimitación concreta que se solapa con las aguas del Parque Nacional de Cabrera. «No estamos de acuerdo y así se lo hemos hecho saber al Gobierno argelino», ha señalado González Laya.

En realidad, el decreto con el que Argelia fija sus límites marítimos fue aprobado en 2018, pero la decisión unilateral había pasado inadvertida hasta ahora, casi dos años después, cuando la ha sacado a la luz el Parlamento de Baleares en un intenso debate.

En todo caso, la titular de Asuntos Exteriores resta validez jurídica a la adjudicación de Argelia de aguas españolas y recuerda que la delimitación de las aguas se rige por el derecho internacional, concretamente por la Convención del Derecho del Mar de Naciones Unidas de 1982, que establece que cuando las costas de dos estados sean adyacentes o se hallen frente a frente la delimitación debe fijarse necesariamente por acuerdo de ambas partes.