Carlos Alonso junto a Ricardo Melchior. / c7

La Fiscalía ve indicios de corrupción en otro caso de la etapa de Coalición en Tenerife

Por la compra de Geneto pide citar como investigados, entre otros, a Carlos Alonso y Ricardo Melchior. También a Julio Pérez, que no participó en la votación

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria

Con el caso Reparos, que gira en torno a decisiones tomadas cuando Fernando Clavijo era alcalde de La Laguna, todavía vivo en los juzgados, Coalición Canaria (CC) se encuentra con que dos de sus antiguos máximos dirigentes en Tenerife afrontan una investigación judicial. La Fiscalía ve «indicios contundentes» de prevaricación y malversación en el llamado caso Geneto, centrado en la compra de terrenos que eran el Club Deportivo Tenerife por parte de una sociedad del Cabildo Insular.

La Fiscalía pide citar en calidad de investigados a diez personas, entre ellos los expresidentes del Cabildo Ricardo Melchior y Carlos Alonso, ambos de Coalición Canaria. También incluye en la lista al actual consejero de Presidencia y Justicia, el socialista Julio Pérez, que era miembro del consejo de administración de la empresa pública Parque Científico y Tecnológico por su condición de primer teniente de alcalde de Santa Cruz.

Pérez se ausentó

Julio Pérez declaró el pasado viernes en la Cadena Cope que no participó en la votación donde se acordó la compra. De hecho, se ausentó tras escuchar que no se iba a adoptar acuerdo nuevo alguno, pues ya se había decidido en otra sesión. En el acta de la reunión queda claro que Pérez se ausentó y que su voto quedó delegado en José Luis Delgado. Según fuentes jurídicas consultadas, esa ausencia y la delegación son determinantes, por cuanto dejarían al consejero sin responsabilidad desde el punto de vista judicial.

El caso, adelantado en su día por Mírame TV, se refiere al desembolso en 2021 de casi 20 millones de euros por parte del Cabildo para la adquisición de dos parcelas en la ciudad deportiva de Geneto. Esa cantidad superaría en un 524% el valor catastral del suelo. La investigación se inició tras las sospechas elevadas a la Fiscalía por el interventor general del Cabildo, Antonio Messía de Yraola.

El listado de imputados incluye también a los exconsejeros del Cabildo Antonio García Marichal (CC), María del Pino León (CC) y José Luis Delgado (PSOE) -en la actualidad, director general del Ejecutivo regional-; Sergio Alonso, exgerente de la Fundación Empresa de la Universidad de La Laguna y ahora concejal de CC; el exdirector de la Fundación Starlight, Luis Antonio Martínez Sáez; Juan Antonio Núñez, exdirector insular; y el letrado de la empresa pública que compró los terrenos, José Luis Luengo.

El fiscal Domingo González Martín entiende que los integrantes del Consejo de Administración de PCTT apoyaron la operación de compras a pesar de ser conocedores de que los terrenos no eran útiles para el supuesto destino -un parque tecnológico- y a sabiendas también de la ausencia de garantías para evitar el desequilibrio financiero de la empresa propiedad del Cabildo.

El hoy consejero de Justicia se fue tras escuchar que no se iban a adoptar acuerdos porque la compra ya estaba decidida en sesión anterior

La Fiscalía confiere especial relevancia al papel jugado por Ricardo Melchior y Carlos Alonso para convencer a los integrantes del consejo de las bondades de la operación de compra. Así, ambos, junto con el letrado de la sociedad, habrían respondido a las dudas que otros consejeros plantearon en las reuniones de la empresa.

Los 30.000 metros cuadrados adquiridos por Parque Científico y Tecnológico al equipo de fútbol tinerfeño en la ciudad deportiva de Geneto valdrían en realidad 3 millones de euros, según el cálculo del interventor que llevó el caso a la Fiscalía. El Cabildo sin embargo se apoyó en un informe de Tinsa que fijó el valor en 18,9 millones. De esa cantidad, 13 millones fueron al CD Tenerife, entonces en una delicada situación económica, mientras que 5,9 millones acabaron en la empresa semipública NAP de África Occidental-Islas Canarias, de la que el Cabildo poseía entonces el 50% del accionariado y que teóricamente iba a pilotar un gran centro de datos en esas parcelas que colocaría a Tenerife en la vanguardia de las nuevas tecnologías de la comunicación. Ese proyecto finalmente no cuajó y la empresa fue rescatada por el Cabildo, lo que ha derivado en otra investigación judicial que pende sobre los dirigentes de Coalición Canaria.

Según las actas de la sociedad y el relato del Ministerio Fiscal, la operación fue comandada en todo momento por Ricardo Melchior y Carlos Alonso.

Página del acta de la sesión del consejo de la empresa cabildicia donde se acordó la compra y donde se recoge que Julio Pérez se ausentó en el momento de la votación, delegando su voto

Seis testigos y requisitos que no se tuvieron en cuenta

Además de los diez investigados, la Fiscalía pide al juzgado que llame en calidad de testigo al interventor general del Cabildo, Antonio Messía de Yraola; la consejera delegada del Instituto Tecnológico de Energías Renovables (ITER) y al perito Javier Risco Ceniceros, que hizo la tasación de Tinsa que fue utilizada por el Cabildo para dar por bueno el pago de casi 20 millones de euros por las parcelas.

Según publicó 'Canariasahora', «el documento del perito de Tinsa, el mismo técnico que valoró por encima de su precio real el frente de playa de Las Teresitas, es un elemento que no pasa desapercibido para el fiscal. El primer hecho que destaca el Ministerio Público apunta a que la tasación que fijó el precio de la operación se encontraba caducada en el momento de la compraventa, ya que su vigencia expiraba el 18 de noviembre de 2011. Otro aspecto destacado de la tasación es que se utilizaron como testigos, entre otros, calles céntricas de la capital tinerfeña, sin tener en cuenta ningún terreno de condiciones similares y en la misma zona que las parcelas de la ciudad deportiva. Además de que el propio perito advertía de que el valor alcanzado 'corresponde al conjunto de las fincas funcionando como una sola unidad'». Asimismo, el técnico de Tinsa advertía de que la tasación dependía de que se cumpliesen condiciones fijadas en un acuerdo plenario de 2009 que sin embargo no fueron tenidas en cuenta. Entre otros requisitos que no se cumplieron estaba el de contar con un informe favorable del Consejo Insular de Aguas y del Ministerio de Defensa, ya que el suelo se encontraba en zona de seguridad militar, así como la autorización del Gobierno.