«La factura como axioma»: malversando el dinero para los menores

La Policía Nacional anunció este sábado que da por concluida «una compleja investigación económico-patrimonial» que ha culminado con la imputación judicial de cuatro directores de centros de menores extranjeros en Gran Canaria y Lanzarote, así como de un empresario inmobiliario y de la Fundación Respuesta Social Siglo XXI, encargada de gestionar dichos centros.

En concreto, las personas investigadas son María de los Ángeles Barroso, Fernando Pérez, Enrique Manuel Dévora y Natalia Levy, que ocuparon puestos de responsabilidad y de gestión en la Fundación Respuesta Social Siglo XXI. María de los Ángeles Barroso trató de hacer carrera política en su día, siendo secretaria y tesorera del comité ejecutivo de Vox en la provincia de Las Palmas.

En cuanto al empresario, es el propietario de locales que usaba esa entidad, todo ello a través las mercantiles Pine Point SL y Competencia y Precisión Empresarial SL. Fuentes próximas a su representación legal sostienen, sin embargo, que no está como investigado en el procedimiento.

Las pesquisas, desarrolladas por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Jefatura Superior de Policía de Canarias, se iniciaron en 2022 tras la recepción de un informe del Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac), dependiente del Banco de España. Dicho informe advertía de multitud de operaciones bancarias injustificadas y extrañas vinculadas a los responsables de varios centros de acogida de menores extranjeros no acompañados.

El caso fue presentado ante la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada de Las Palmas, que abrió diligencias de investigación y habilitó el inicio de la 'operación Tabaiba', una exhaustiva investigación económico-patrimonial que se ha prolongado durante tres años.

Posteriormente el Juzgado de Instrucción número 7 de Las Palmas de Gran Canaria asumió la instrucción de las actuaciones, que hoy continúan bajo la dirección de la Fiscalía Europea. Este órgano fiscal se hizo con el procedimiento al entender que parte del dinero utilizado se cargó a fondos comunitarios.

En la investigación y en la querella redactada por el fiscal Anticorrupción Javier Ródenas, se señaló que la fundación investigada cobró del Gobierno de Canarias 12.505.878 euros por los servicios prestados en los años 2020, 2021 y 2022. Esos pagos fueron por la atención a los menores migrantes no acompañados en tres centros de Gran Canaria (Guiniguada, Demena Puerto Rico y Acorán) y uno en Lanzarote (La Santa).

Entre enero de 2020 y julio de 2025, el Gobierno de Canarias pagó 33,05 millones de euros a la fundación. Así consta en los datos facilitados por la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias a CANARIAS7 este verano. Esta la cuarta organización que más dinero ha recibido de las arcas autonómicas desde el año 2020 para la atención de menores migrantes no acompañados.

Según la Fiscalía, «el análisis de las cuentas bancarias y la ausencia de justificación-liquidación del gasto dibujan un escenario altamente irregular, opaco y de descontrol en la justificación del dinero público que fue aprovechado por los querellados en obtener un ilícito personal económico a costa del dinero público subvencionado. Existe una profusión de operaciones bancarias de extracciones en efectivo, así como el desvío de flujos monetarios a cuentas personales o de familiares de los directores de los centros, y el desarrollo de compras de productos o servicios para uso y disfrute personal que son financiadas con fondos públicos».

El fiscal apreció la comisión de delitos de falsedad en documento mercantil, administración desleal y malversación de caudales públicos, supuestos ilícitos atribuidos a los gestores de esta organización sin ánimo de lucro. Ademas, la fundación no estaba al corriente en el Registro único de Fundaciones de competencia estatal y en la querella el fiscal apuntó que los investigados habrían utilizado «en beneficio propio» parte de los fondos públicos destinados al cuidado de menores migrantes no acompañados

En su querella, el fiscal Ródenas pone en evidencia la falta de control por parte de la Comunidad Autónoma, que se limitaba a pagar el dinero a la fundación investigada sin garantizar el destino real de los fondos. «Una vez formalizado el contrato por el trámite de emergencia», subraya A Anticorrupción, «no se encuentra acto administrativo alguno destinado a inspeccionar o vigilar el servicio, ni hacer un seguimiento permanente del mismo a gtravés de la figura del responsable del contrato».

Llegado a ese punto del relato, en la querella resume así el comportamiento del Gobierno: «La factura se convirtió en axioma para la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud del Gobierno de Canarias». Al inicio de la investigación, al frente de ese departamento estaba Noemí Santana, ahora diputada de Podemos en el Congreso.

«No se ha ejecutado un seguimiento efectivo en el destino material del ingente dinero público transferido a la Fundación», agrega la Fiscalía. «La ausencia de un marco jurídico concreto, más allá de la inicial orden de la declaración de la emergencia, ha desembocado en la inexistencia de una precisa delimitación de los contornos para el ejercicio de la función de supervisión, en definitiva, para el adecuado control de la ejecución de los contratos públicos adjudicados a la Fundación querellada».

El análisis de miles de apuntes bancarios y documentos contables reveló que los investigados desviaron parte de los fondos europeos Next Generation transferidos a través del Gobierno de Canarias y el Cabildo de Lanzarote, destinados al mantenimiento y funcionamiento de los centros, para su propio beneficio económico.

De un total de más de 1.600.000 euros ingresados por la fundación, se extrajeron en efectivo más de 1.100.000 euros mediante reintegros fraccionados, se detectaron transferencias directas por más de 25.000 euros a cuentas particulares y gastos personales cargados a las cuentas de los centros, como operaciones estéticas, vacaciones, gasolina o comidas en restaurantes. Estas prácticas fueron detectadas tras la cancelación de las cuentas bancarias por parte de la entidad financiera, en aplicación de la Ley 10/2010 de Prevención del Blanqueo de Capitales.

Posteriormente, y a requerimiento judicial, la fundación entregó miles de documentos contables con los que intentó justificar las operaciones. Sin embargo, el análisis policial detectó facturación duplicada o triplicada, documentos sin fechas, servicios no identificados y facturas ajenas a los centros, lo que evidenció una presunta manipulación contable para ocultar el desvío de fondos.

Por ello, los investigadores solicitaron la realización de una auditoría financiera y contable que permita determinar con exactitud el importe total malversado.

Durante la investigación también se descubrió un entramado de alquileres sobredimensionados en los inmuebles que albergaban los centros de menores. El empresario propietario de los inmuebles, en connivencia con la fundación, utilizaba sociedades interpuestas para alquilar los centros a precios que duplicaban o triplicaban el valor de mercado, con un sobreprecio que superó los 1.300.000 euros entre 2021 y 2023.

Los fondos eran desviados a otras cuentas y operaciones inmobiliarias, evidenciando prácticas de blanqueo de capitales, con transformaciones y colocación del dinero ilícito en activos patrimoniales, según detalló la Policía Nacional.

Como resultado, la Fiscalía Europea ha imputado a los cuatro directores de centros, al empresario inmobiliario y a la fundación implicada. Los cinco carecen de antecedentes policiales y tienen edades comprendidas entre los 31 y los 61 años. Las actuaciones judiciales continúan abiertas, y se espera que las conclusiones definitivas determinen el alcance económico exacto del perjuicio causado a los fondos europeos y públicos.

En junio de 2023, la que entonces era directora general de Protección a la Infancia y la Familia, Iratxe Serrano, manifestó a los micrófonos del programa 'De la noche al día', de Canarias Radio, que se había «fiscalizado» y hubo «control» en la gestión de los cinco centros para menores no acompañados gestionados en las islas por la Fundación Respuesta Social Siglo XXI. Todo ello a pesar de la existencia de cinco informes negativos realizados hasta por cuatro estamentos diferentes de estos espacios.

Serrano manifestó en aquella fecha que estaba «sorprendida por todo lo que se está publicando estos días», pese a que su organismo era conocedor de la investigación y añadió que «desde esta Consejería mantendremos toda la colaboración con la Fiscalía como hemos hecho hasta ahora».

«Si realmente ha sido así, es un escándalo, por lo que la Justicia tiene que seguir su curso y que esto se aclare. En el caso de que no sea así, que alguien en algún momento pueda entonar el mea culpa porque a veces se hace muchísimo daño y no se repara», expuso Iratxe Serrano. «En ocasiones detectamos cosas que eran más que mejorables, de esta y otras entidades», manifestó. «Pagamos 95 euros por menor porque entendíamos que con esa cantidad podían hacer frente a los gastos totales para su cuidado. Si la entidad ha malversado, que lo pague ante la Justicia, pero la función de la Comunidad Autónoma es fiscalizar que se paga el dinero por el número de plazas que hay. En cualquier caso, el Servicio de Gestión y Planificación de esta dirección general es el encargado de constatar que el gasto va destinado al bienestar de los chicos. La fiscalización le corresponde a ellos».

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