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El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska (d), mantuvo un encuentro en San Sebastián con instituciones vascas. EFE

El Estado ve «xenófobo» unir la inmigración con la Covid-19

El ministro del Interior asegura que el Gobierno nacional solo autoriza traslados «esporádicos» de inmigrantes de Canarias a la península

AGENCIAS

San Sebastián/CÓRDOBA.

Sábado, 12 de diciembre 2020, 00:00

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El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, tachó de «xenofobia» vincular a los inmigrantes ilegales con la pandemia de la Covid-19 y aseguró que el Gobierno solo ha autorizado traslados «esporádicos» de Canarias a la península de personas vulnerables y de las susceptibles de merecer protección internacional, todas ellas sometidas a PCR.

El ministro salió al paso así de las críticas vertidas desde determinadas instituciones y organizaciones sobre los traslados de inmigrantes ilegales procedentes de Canarias a algunos aeropuertos de Andalucía y Valencia. Negó que se estén autorizando traslados incontrolados a la península, como se ha denunciado, sino que se han llevado a cabo algunas reubicaciones atendiendo a dos criterios, que sean personas en situación de vulnerabilidad o que puedan ser susceptibles de protección internacional.

Además, insistió en que a todos los migrantes que están llegando a Canarias se les realiza una PCR, por lo que aseguró que «el colectivo con más seguridad a día de hoy es el de los migrantes irregulares que entran por vía marítima, porque todos son sometidos a PCR y los que dan positivo son objeto de una cuarentena».

«Desde algunos ámbitos se une al migrante irregular con la pandemia. Yo a eso le llamo xenofobia», zanjó. «A todos se les realiza una PCR, la garantía es plena, intentemos no unir conceptos que no tienen ninguna razón de ser y no obedecen a ningún dato objetivo», insistió el ministro.

Grande-Marlaka se refirió así a los 16 inmigrantes detenidos en Valencia con pasaportes falsos, y recordó que las personas que llegan de otros países y no ingresan en los centros de internamiento de extranjeros (CIE) tienen «libertad de movimiento», aunque limitado, como el del resto de ciudadanos, por las medidas establecidas en el estado de alarma.

Por este motivo, están sometidos a los controles aleatorios establecidos para evitar traslados injustificados, sean o no extranjeros.

El ministro sostuvo que la política de migración del Gobierno había logrado reducir a la mitad la llegada de extranjeros en situación irregular, pero la pandemia ha azotado con más fuerza a los países con menos «músculo económico», lo que ha reactivado la migración hacia España.

Por otra parte, la vicepresidenta primera del Gobierno, ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Carmen Calvo, pidió ayer a los cargos públicos que, al hablar de inmigración, sean «muy rigurosos y prudentes», porque, en caso contrario, «damos alas a discursos xenófobos» y «absolutamente inconstitucionales y antidemocráticos».

Calvo reaccionó así después de que el vicepresidente de la Junta de Andalucía, Juan Marín, dijera horas antes que no está «en absoluto» satisfecho con las explicaciones del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, sobre el traslado de inmigrantes a Andalucía.

Ante esto, Carmen Calvo defendió la necesidad de que los responsables institucionales sean «muy rigurosos y prudentes» cuando hablan «de esta materia, de la que nuestro país sabe mucho, porque somos la frontera Sur de Europa» y con «experiencia muy avezada y de equilibrio bastante demostrado entre los requisitos de la seguridad de nuestra frontera y el cumplimiento de los derechos humanos de quienes llegan a ella, incluso de manera ilegal», porque «si no lo hacemos damos alas a discursos xenófobos», insistió.

Es más, la vicepresidenta primera del Gobierno recordó que «nuestro país no tiene fronteras internas», es decir, «no hay una frontera entre Canarias y Andalucía, ni entre Andalucía y Murcia, y no la hay tampoco con Castilla-La Mancha, ni de Castilla y León a Asturias porque España es un solo Estado» y, en consecuencia, «cada administración pública y cada responsable público tiene que estar en el marco de sus estrictas competencias».

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